La polémica vivida la semana pasada tras la publicación de los insultos al Gobierno por parte del jefe de la Policía Local de El Puerto, Rafael Muñoz Leonisio, sigue trayendo consecuencias, a pesar de las disculpas públicas protagonizadas por el agente, a raíz de la petición realizada por la concejala de Seguridad, Marina Peris Sayabera.

Rafael Muñoz se ha dado de baja, situación en la que se encuentra desde el pasado lunes y por un periodo indefinido, sin que hayan trascendido los motivos de dicha baja laboral.

La edil de Seguridad ha confirmado este extremo, señalando que en estos momentos el máximo responsable  policial del Cuerpo es el subinspector Juan Carreto Vega, que es el siguiente agente en el escalafón de la Jefatura.

Rafael Muñoz Leonisio también ha borrado estos días su perfil de Facebook, un perfil que hasta que saltó la polémica tenía abierto sin ningún tipo de restricción, y que ahora ya directamente no existe.

Consultada Marina Peris sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento convoque el procedimiento para cubrir la plaza de intendente mayor de la Policía Local, vacante desde noviembre de 2017, tras el fallecimiento del anterior jefe, Manuel Cuenca Ojeda, la edil de Seguridad considera que ahora mismo es impensable poner en marcha este procedimiento, por todo lo que se deriva de la crisis del Covid-19 y las consecuencias económicas que va a suponer para el Ayuntamiento.

El sustituto al mando en ausencia de Rafael Muñoz, Juan Carreto, es también un nombre que ha estado vinculado a algunas polémicas en el seno de la Policía Local. Carreto está casado con la que fuera concejala de Independientes Portuenses, primero, y de Ciudadanos después, Silvia Gómez, que dejó la política tras el último mandato municipal.

En marzo del pasado año 2019 Juan Carreto, representante de un sindicato minoritario de la Policía Local, pedía amparo al entonces alcalde, David de la Encina, denunciando la grave situación que atravesaban los agentes afiliados a su sindicato, todos ellos mandos policiales.

Según el escrito remitido en su día al entonces alcalde, algunos mandos sufrieron lesiones con motivo de agresiones físicas durante el servicio por parte de otros policías, se reventaron taquillas en los vestuarios por represalias y se realizaron escraches en domicilios particulares de mandos con intimidación a sus familias, acusando de todo ello a otro de los sindicatos del Cuerpo. También afirmaban que hubo pintadas en vestuarios, escritos amenazantes e injuriosos e incluso amenazas a policías afiliados a otros sindicatos.