La que fuera interventora general del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María entre los años 2018 y 2021, María Dolores Guerrero, ha presentado una reclamación de reconocimiento ante el Consistorio portuense a través de la que denuncia haber sufrido acoso moral por parte del alcalde, Germán Beardo, y otras ocho personas, en concreto los concejales del Partido Popular Javier Bello y Marina Peris; el jefe de servicio de Medio Ambiente y asesor del alcalde Antonio Caraballo; el gerente de la empresa municipal El Puerto Global, Rafael Serrano; el secretario general del Ayuntamiento, Juan Antonio García Casas; la vicesecretaria municipal, Araceli Isabel Rico; el tesorero municipal, José María Ortega; y el jefe de servicio de Juventud y Deportes, Jesús Hernández.

A todos ellos acusa la exinterventora de haber cometido contra ella un acoso moral en el ámbito de la función pública, presentando un completo informe de 42 páginas en el que detalla numerosas situaciones concretas y ejemplos de lo que considera un hostigamiento continuado que terminó por provocarle ansiedad. Este acoso también le obligó a cambiar de destino profesional, lo que ha supuesto abandonar sus funciones como habilitada nacional, con cambio de residencia y el consiguiente gasto económico y alejamiento de su entorno.

En el escrito se relatan, como consecuencia de esta presión, “un miedo acentuado y continuo, sentimiento de amenaza y de fracaso, impotencia, frustración y baja autoestima, con una sensación constante de envilecimiento, humillación, vejación e indignidad”.

Esta constante presión consiguió, según el escrito, que se haya interiorizado en El Puerto de Santa María la idea de que la entonces interventora era la culpable de todo, siendo numerosas las referencias que en redes sociales se hacían sobre su persona, incluso con comentarios de otros funcionarios”.

María Dolores Guerrero fue nombrada interventora municipal en 2018, pero desde 2016 venía desempeñando ya el cargo en funciones, a la vez que el de viceinterventora, cargo este último que ostentó antes durante catorce años en el Ayuntamiento portuense.

Guerrero cesó en su cargo en abril de 2021, tras ser designada jefa de Gestión Económica y Presupuestaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cargo que desempeña en la actualidad.

La reclamante pide al Ayuntamiento una indemnización de 150.000 euros, en compensación por los daños morales que afirma haber sufrido. La reclamación llegó en pasado viernes al Registro municipal.

La exinterventora basa su reclamación en aspectos como la interferencia sufrida en su labor de intervención, la sobrecarga de funciones por el mantenimiento de algunas que no le correspondían, las inaceptables condiciones de trabajo, con falta de medios técnicos y humanos, el aislamiento sufrido con respecto al resto de compañeros, así como la ridiculización y humillación sufridas.

"La presión contra la exinterventora creció con Caraballo como asesor del alcalde"

También se refiere a las acciones contra su reputación y dignidad incluso en los medios de comunicación, con daños y menoscabos a su integridad moral, siendo sometida a una constante presión psicológica y un trato humillante, con daños a su honor, a la propia imagen y a la intimidad. Incluso denuncia que se juzgaba de manera ofensiva su trabajo, cuestionándose sus decisiones con una tacha de incompetencia y desprestigiando sus actuaciones, con ejemplos habituales de menosprecio personal y profesional sufridas en el desempeño de su puesto de trabajo, además de hostigamiento psicológico en la actividad laboral y presión laboral tendenciosa. Se denuncian, además, amenazas sufridas por parte del alcalde.

En el escrito presentado se refleja que “desde junio de 2019, fecha en la que tomó posesión la nueva Corporación), la celebración de las reuniones siempre seguía el mismo esquema: se convocaban con un asunto laboral y acababa convirtiéndose en un conjunto de recriminaciones, descalificándola personal y profesionalmente, humillándola y con presión psicológica constante, cuestionando de manera constante su trabajo). En ellas participaban siempre cuatro personas: Germán Beardo, Javier Bello, Antonio Caraballo y el secretario general”.

El Ayuntamiento tiene ahora 20 días para contestar y de no prosperar la reclamación se plantearía ya la vía judicial

La exinterventora recibía de manera persistente correos del alcalde y de Javier Bello en los que se le recriminaban persistentemente sus actuaciones, sin que se respetara la autonomía de la Intervención municipal. El documento adjunta numerosos ejemplos, en algunos de los cuales trabajadores municipales la tildan incluso de “loca”. También se incluyen multitud de noticias de prensa en las que se achaca a la Intervención el retraso de determinados proyectos o actuaciones municipales y se detallan las reuniones convocadas sobre asuntos específicos en las que se aprovechaba, con regular frecuencia, para recriminar la actuación de la Interventora, cuestionando su competencia profesional con amenazas, trato humillante y denigrante.

En cuanto a los dos expedientes abiertos contra la exinterventora, la primera por el anterior gobierno municipal y el segundo en 2020, ya con el actual gobierno, hay que recordar que ambos fueron archivados y según consta en la reclamación, el alcalde confirmó en el transcurso de una reunión que la idea de formular denuncia solicitando la incoación de expediente disciplinario fue de Javier Bello.

También se carga en la reclamación contra la actuación del área de Personal y contra Antonio Caraballo, cuya labor de asesor del alcalde recrudeció los ataques contra la exinterventora. 

En estos momentos la plaza de interventor general sigue vacante.

El Ayuntamiento portuense tiene ahora veinte días para contestar y en caso de no prosperar la reclamación se podría presentar ya una demanda ante los juzgados.