El concejal portuense Jesús Garay vuelve a declarar este martes como investigado en el caso de la UDEF

El concejal del Partido Popular Jesús Garay, uno de los pilares del equipo de gobierno de Germán Beardo, está citado este martes para declarar en el Juzgado por el caso abierto a raíz de las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el verano de 2023, y que se hicieron públicas en enero de 2024 a raíz de la detención del exjefe accidental de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, y el técnico municipal José Manuel Camacho.

El pasado mes de marzo Garay ya compareció como investigado ante el Juzgado que lleva el caso, acogiéndose entonces a su derecho a no declarar. En concreto la anterior citación fue por una de las seis piezas separadas del caso la que afecta al trenecito de Puerto Sherry, ya que se le acusa de dos delitos, uno de negociaciones prohibidas como cooperador necesario y otro delito de prevaricación omisiva como autor. Según el escrito del fiscal Jesús Garay, como delegado entonces de la Policía Local, permitió en el verano de 2023 que un trenecito explotado por el hijo del entonces jefe accidental de la Policía Local circulara entre El Puerto, Vistahermosa y Puerto Sherry, "como habían planeado el intendente Rafael Muñoz Leonisio, su hijo Rafael y el técnico José Manuel Camacho, omitiendo conscientemente y a sabiendas de su ilegalidad, y de acuerdo con ellos, cualquier actuación que pudiera haber impedido dicha explotación del tren por parte del hijo del intendente".

En esta ocasión no ha trascendido si la declaración es por esta misma pieza separada o por alguna de las otras en las que también pudo tener participación por tratarse de asuntos relacionados con la Policía Local, como la gestión de la grúa o los aparcamientos de la Feria. Dos formaciones locales se han personado en el caso como acusación popular, VOX y Unión Portuense. En el caso de VOX, la formación ha manifestado su preocupación ante la nueva comparecencia judicial del concejal del equipo de gobierno.

Desde la formación señalan que este nuevo episodio judicial vuelve a situar al Ayuntamiento en el centro de la polémica, y consideran que la declaración del edil ante el juez “debe servir para arrojar luz sobre las sombras que desde hace meses rodean la gestión municipal”. VOX recuerda que decidió personarse como acusación particular en la causa, “ante la incomprensible decisión del propio Ayuntamiento de no actuar legalmente para defender los intereses de todos los portuenses”.

La formación recuerda que "el caso gira en torno a la presunta cesión irregular del tren turístico durante el verano de 2023, que habría circulado sin contrato, sin autorización municipal y sin expediente administrativo. Según la investigación, el servicio fue operado por personas vinculadas a la cúpula de la Policía Local con el conocimiento del concejal delegado de Seguridad, que no adoptó ninguna medida para paralizarlo. A esta causa se suma su implicación en una pieza separada vinculada al denominado ‘caso Puerto III’, en la que también figura como investigado por presuntas irregularidades dentro del centro penitenciario".

VOX El Puerto sostiene que la gravedad de los hechos investigados exige una actuación contundente por parte de las instituciones y lamenta que el alcalde haya optado por blindar políticamente al edil en lugar de exigir explicaciones públicas. “No podemos normalizar que alguien con un salario público superior a los 63.000 euros anuales esté imputado en varias causas sin que el gobierno local mueva un solo dedo”, señalan desde el partido.

A juicio de VOX, la pasividad del equipo de gobierno “no solo erosiona la confianza de los portuenses, sino que demuestra una preocupante falta de voluntad para atajar las posibles irregularidades que afectan al funcionamiento de los bienes públicos”. La formación reitera que su decisión de acudir a los tribunales responde al compromiso firme de “defender la legalidad, la transparencia y el interés general”, y avanza que continuará ejerciendo esa labor de vigilancia “ante cualquier intento de entorpecer la acción de la justicia o de tapar responsabilidades políticas”.