Pepe Mendoza
Feliz Año Bueno
La empresa Tauromacón, cuyo administrador único es Sebastián Rodríguez López (titular a su vez de la anterior concesionaria de la Plaza de Toros, Servicios Taurinos Serolo) se ha marchado de la ciudad dejando impagos a diversas empresas y profesionales por un importe aproximado de 200.000 euros.
Dentro de la ejecución del pliego de condiciones que regía la concesión de la Plaza figuraban una serie de obras por un importe cercano a 1,5 millones de euros, que se fueron ejecutando en distintas fases. La última parte de estos trabajos, valorados en unos 200.000 euros, no han sido abonados a más de media docena de empresas y profesionales que han visto como Tauromacón desaparecía sin haber abonado los trabajos realizados.
Uno de los afectados es el jefe de obra contratado por Tauromacón, el ingeniero Tomás Quiles, quien explica que entre las subcontratas afectadas hay empresas constructoras, carpinteros, pulidores, canteros y una forma de pinturas, además de él mismo y el oficial de la empresa.
Como Serolo, una empresa de servicios taurinos, no podía ejecutar directamente las obras Sebastián Rodríguez y su hijo, Carlos Rodríguez Huedo, crearon Tauromacón para este fin, aunque el hijo ya no figura desde junio como administrador solidario de la sociedad.
Los afectados ya han puesto el asunto en manos de la Justicia, pero han recurrido también al Ayuntamiento, a través del alcalde, Alfonso Candón, y el concejal de la Plaza de Toros, Millán Alegre, para pedir su mediación en este asunto que tantos perjuicios está causando entre las pequeñas empresas afectadas.
En concreto los afectados mantuvieron una reunión con los responsables municipales para pedir que del aval que aún tiene en su poder el Ayuntamiento, por un importe de 1,2 millones de euros, se retenga esta cantidad para satisfacer las deudas pendientes. No obstante, Millán Alegre explicaba ayer a este periódico que si bien entiende perfectamente la situación de estos acreedores, es del todo imposible contar con el dinero del aval para este fin, ya que como dice los técnicos municipales han estudiado el caso y con la ley en la mano, al no haberse incumplido el pliego el Ayuntamiento no puede hacer nada. Se trata de una deuda de la empresa con estos acreedores y según la ley vigente en el momento de aprobarse el anterior pliego, en este caso las subcontratas quedan fuera de cualquier reclamación. Alegre se ofrece para acompañar a estos empresarios y profesionales "a donde sea" pero insistió en que legalmente el Ayuntamiento está atado de pies y manos.
Tomás Quiles, sin embargo, considera que el pliego se ha incumplido al existir una deuda relacionada con los trabajos que recoge el documento, al tiempo que considera que el Ayuntamiento debió preguntar antes de recepcionar las obras si los pagos estaban al día, algo que hubiera facilitado la reclamación de estos profesionales.
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