Sobre las nueve de la mañana de este lunes se personaba la Policía Nacional en el número 15 de la calle Pagador, donde estaba prevista la ejecución del desahucio de una familia que ocupa una vivienda del edificio, propiedad de una entidad bancaria. También acudía una comisión judicial y los cerrajeros.

Se trata de un matrimonio joven con un niño de ocho años que reside en el inmueble desde 2018, al no tener otra alternativa ya que sus únicos ingresos proceden de la renta básica.

La familia ha contado con el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y algunos concejales de formaciones como el PSOE, Adelante El Puerto y Unión Portuense, así como de colectivos ciudadanos. También vecinos del inmueble han expresado su apoyo a esta familia, que no ha sido en ningún momento conflictiva durante estos años, tras ocupar una vivienda vacía desde hace diez años.

Por su parte la concejala de Bienestar Social, Carmen Lara, se personaba a primera hora de la mañana en el Juzgado, para pedir al juez que se paralizara el  desalojo de la vivienda. También la Plataforma Nacional por los Derechos del Pueblo Gitano ha intervenido para paralizar el desalojo, lamentando que la abogada que ha llevado el caso no hubiese logrado parar  antes la orden de desahucio.

De momento la familia tiene de plazo hasta el próximo 9 de agosto. La intención de la pareja es alcanzar un acuerdo con el banco para poder pagar un alquiler social, aunque de momento desde la entidad bancaria nadie se ha puesto en contacto con ellos.