El juez José de la Mata ha propuesto juzgar al ex consejero del Cádiz Club de Fútbol y ex presidente del Granada Quique Pina por un posible delito de alzamiento de bienes en la pieza separada de la denominada Operación Libero, en la que se investiga los presuntos vaciamiento y distracción patrimonial puesto en marcha para eludir sus deudas tributarias.

El magistrado había abierto una pieza desgajada con el fin de agilizar el desarrollo de una parte de la investigación. En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez de la Audiencia Nacional, que también ve indicios para juzgar por estos hechos a los padres y a la hermana de Quique Pina, a un colaborador y a las sociedades vinculadas a él, da un plazo de diez días a la Fiscalía para presentar un escrito de acusación o una petición de sobreseimiento.

Recientemente el juez amplío la investigación por blanqueo a Pina y a sus familiares al delito de alzamiento de bienes ante los indicios de que ocultó a través de sociedades instrumentales buena parte de su patrimonio, como vehículos de lujo –un Aston Martin, un Bentley y un Porsche Panamera– o embarcaciones y viviendas.

En un auto, el juez De la Mata argumenta que Quique Pina tiene una deuda con el fisco cifrada en 3,4 millones de euros, la mayor parte a raíz de que fuera declarado, junto a sus padres, responsable subsidiario como miembro del Consejo de Administración del club de fútbol Ciudad de Murcia. Una cantidad que se suma a los 1,6 millones de euros que presuntamente también defraudó.

Pina defiende su inocencia y asegura que está centrado en intentar recuperar su gestión en el Cádiz.

Sin embargo, según el juez, hasta ahora solo se han podido recuperar 141.722,51 euros debido a la “conducta activa, consciente e intencionada” del empresario, que “le permitió deshacerse entre 2007 y 2010 de casi todo el patrimonio del que era previamente titular”.

De esta forma, De la Mata detecta un “vaciamiento casi total” del patrimonio personal de Pina y su desvío a sociedades interpuestas.

Es decir, De la Mata cree que el ex jugador y agente de futbolistas ha ocultado “este importante patrimonio mediante la creación de sociedades meramente instrumentales”, Quique Sport y Calambur Intermediaciones, administradas por familiares directos del empresario, entre ellos su hermana.

Según la tesis que sostiene el magistrado, Pina habría usado esas mencionadas sociedades para instrumentalizar el cobro de los ingresos como presidente de clubes de fútbol, representante y agente de jugadores y ojeador.

Pero también, según el magistrado, para satisfacer sus propios gastos personales –gastos corrientes de su vivienda, retribuciones al personal de su barco y otros individuales–, sin haberse declarado o aplicado ninguna retención.

“Todo esto –argumenta el juez– ha dado lugar a una confusión en el uso de estos patrimonios” sin que se pueda diferenciar el del ex presidente del Granada del de las sociedades “en las que se residencian dinero, inversiones, vehículos, embarcaciones e inmuebles que son usados de forma habitual y exclusiva” por Pina.

Con todo, argumenta De la Mata, Quique Pina no consta como titular de patrimonio ni ha presentado declaración por el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde 2011 –incluido también 2016–, y los únicos ingresos que se le conocen son los percibidos de su etapa en el Granada en las dos últimas temporadas en las que ejerció como presidente (125.000 euros en 2015 y 87.500 en 2016), y los 8.722,22 euros que recibió de Calambur Intermediaciones S.L. en 2016.

Pina fue detenido en el marco de la Operación Líbero en Murcia el 31 enero de 2018 y pasó 17 días en prisión hasta que el juez le dejó en libertad con medidas cautelares.

A raíz de su arresto y ser investigado en la Operación Líbero, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, retiró a Pina la gestión deportiva que hasta entonces llevaba en el club, y a final de 2018 fue destituido como consejero de la entidad.