Las valoraciones y un dudoso plan de expansión

La instrucción del caso Quality Food parecía casi terminada pero en los últimos meses se ha producido un giro radical que ha acabado con la imputación de Miguel Osuna, ex delegado del Estado de la Zona Franca y bajo cuyo mandato se pusieron las querellas civiles y penales contra Manuel García Gallardo; el entonces jefe de Gabinete del delegado, Manuel Fedriani, y ahora el concejal Ignacio Romaní.

La de Osuna se produjo debido a un informe que presentó la Abogacía del Estado en el que decía que habían aparecido nuevas pruebas y que otras pudieron ser manipuladas.

La Abogacía del Estado sostiene que Osuna pagó mucho más dinero del que se debía para adquirir el 52% de Quality Food y esto es, según su tesis, porque en diciembre de 2003 se sacó una valoración de la empresa que había hecho un conocido y por eso se pagó algo más de 5,6 millones de euros. Según lo que mantienen estos letrados, el Consorcio de la Zona Franca tenía en su poder otra valoración de un experto independiente por el Registro Mercantil de julio de ese mismo año que, a su juicio se ocultó y que si se hubiera utilizado, sólo se habría tenido que pagar 1,3 millones.

De todos modos, esa valoración era inicial y se dejó a una definitiva que saldría de la media resultante entre la encargada por Manuel García Gallardo (Price Waterhouse) y la de Zona Franca (Ernst & Young). La primera daba como resultado un valor de la empresa de 7,8 millones de euros y la segunda uno de menos 1,2 millones. Como salía menos de lo que había pagado la Zona Franca, ésta interpuso una querella contra el anterior propietario reclamando que se le entregaran acciones en compensación del exceso. Sin embargo, los demandados formularon una reconvención en la que acusaban a Osuna y Fedriani, entre otras cosas, de actuar con mala fe y que el informe de Ernst & Young no era una auténtica valoración.

Con respecto a este último punto, los abogados del Estado sostienen que la valoración de Ernst & Young no era tal y que se podía haber hecho para obtener un resultado que les fuera conveniente.

El mismo perito de esta empresa dijo que él no había hecho una verdadera valoración, porque no fue lo que se encargó, sino un informe de constatación de hechos, tal y como apareció en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

En la reconvención también se aportó el acuerdo del consejo de administración de Quality de 23 de abril de 2004 en el que se aprobaba que las valoraciones que se realizaran tenían que tener en cuenta las proyecciones establecidas por Deloitte en 2003 en el que se hablaba de un plan de expansión que decía que Quality iba a ser en 2008 líder nacional del sector, porque iba a construir fábricas en Cataluña, Baleares y otros lugares y que la facturación se iba a elevar hasta los 182 millones de euros. Sin embargo, la situación económica de la corporación ya iniciaba en 2003 que estaba prácticamente en quiebra y donde se habían cometido presuntas irregularidades, tal y como expuso en un informe Fedriani.

De hecho, Miguel Osuna mostró su oposición a este plan de expansión en un pleno celebrado el 12 de abril de 2004 ante la falta de recursos financieros para sufragarlo. Por ello, los abogados del Estado no entiende que si sabían todo eso, por qué en vez de pedir a las empresas encargadas de la valoración que analizaran la situación real de Quality Food, lo que le dijeron es que la hicieran teniendo en cuenta los incrementos previsto en el Plan de Deloitte.