Romaní declarará como imputado en el caso Quality

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar como imputado en el caso Quality Food al teniente de alcaldesa delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, que también es miembro del comité ejecutivo de la Zona Franca desde el año 2003. En la providencia no se hace mención alguna al motivo de la imputación ni al posible delito que haya podido incurrir el número 2 del equipo de Gobierno de Teófila Martínez.

No será el único que tendrá que declarar ese día en los juzgados de San José, ya que también ha sido citado en calidad de testigo Jorge Moreno, actual coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz. Moreno nunca fue consejero de la Zona Franca en los ocho años que formó parte del equipo de Gobierno, ni una vez que dejó de serlo.

El caso Quality Food mantiene ahora mismo como imputados al fundador de la empresa alimenticia, Manuel García Gallardo, que lo estaba desde el inicio de la causa; y ya en los últimos meses se ha unido el ex delegado de la Zona Franca Miguel Osuna, que fue el que en su día presentó las querellas; su jefe de gabinete entonces y actual director general del Consorcio, José Manuel Fedriani, y ahora se ha sumado Ignacio Romaní.

Se da la circunstancia de que el edil popular ya declaró en su día como testigo y en ningún momento se detuvo su declaración ante la posibilidad de que pudiera ser imputado, tal y como sí ocurrió con Fedriani.

Ignacio Romaní estuvo presente en el comité ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz en el que se aprobó la ampliación de capital en la Corporación Alimentaria Quality y con la cual la Zona Franca se hacía con el 52% de las acciones de la empresa fundada por Manuel García Gallardo.

En aquella reunión, que se celebró el 23 de diciembre de 2003 en la Zona Franca, votaron a favor de esta decisión Miguel Osuna y los dos representantes del Ayuntamiento de Cádiz, es decir, el propio Ignacio Romaní y Enrique García-Agulló, mientras que José Ramón Pérez Díaz-Alersi se abstuvo. Ellos eran los que tenían derecho a voto.

También estaban pero sin esta última condición, el abogado del Estado Manuel Ponce, y los directivos de la Zona Franca, José Manuel Fedriani y Manuel Rodríguez Tey. Por su parte, excusaron su asistencia los vocales Ángel Juan Pascual y Nuria Maroto.

El punto que supone el origen de partida de buena parte del caso Quality debatió sobre dos propuestas para llevar a cabo la operación en esta empresa. Por un lado, era la de asumir el control inmediato de la sociedad por parte del Consorcio a través de Sogebaq con el 52% de las acciones.

La otra la propuso el abogado del Estado y era realizar un préstamo con garantía pignoraticia de acciones y, a continuación, hacer una valoración de la empresa por dos auditorías de reconocido prestigio antes de realizar la ampliación de capital.

Finalmente se votó por una tercera vía, y así consta en el acta de la sesión del 23 de diciembre, en el que quedó el compromiso de que una vez que se hicieran dos valoraciones independientes de la empresa, si el resultado que arrojaba era inferior a lo que iba a abonar la Zona Franca por las acciones en ese momento, habría un compromiso por parte de García Gallardo de entregar acciones suyas por el valor que restara para llegar a lo pagado por el Consorcio.

Sobre todo esto fue preguntado ayer el propio Romaní, que aseguraba no haber recibido aún notificación alguna sobre esa imputación, aunque se mostraba tranquilo sobre este asunto. "Permítanme que no les diga nada, pero es que aún no he sido notificado sobre esa posible imputación", aseguraba Romaní al mediodía de ayer en una rueda de prensa en el Ayuntamiento. "No sé los términos en que se produce esa imputación, lo cual me genera incluso cierta indefensión", añadió el portavoz de los populares en la ciudad y consejero de la Zona Franca.

Lo único que sí quiso aclarar Ignacio Romaní es su situación dentro del Consorcio de ZF. "Soy miembro del comité ejecutivo. Mis responsabilidades, por tanto, están claras", manifestó insistiendo en que prefiere esperar a conocer los detalles de su imputación antes de realizar valoración alguna. "Podría hacer conjeturas e hipótesis, pero comprenderán que no es oportuno", comentó a los periodistas el concejal, que recordó que ya estuvo tres horas declarando como testigo ante la jueza que lleva el caso. "Y no tengo ningún problema en volver a acudir al juzgado para aclarar lo que sea necesario", concluyó.