El juicio con jurado por el caso Santa María tendrá que esperar. La causa que pretende depurar responsabilidades en torno a la muerte de Juan Antonio Martínez, un hombre natural de Albacete que falleció el 4 de abril de 2015 frente a la iglesia del barrio Santa María de Cádiz tras ser reducido por cuatro agentes de la Policía Nacional a los que atacó previamente con un destornillador, se ha suspendido con motivo del Covid-19. En principio, estaba previsto que la vista se celebrase la semana que viene en la Audiencia de Cádiz.

El abogado de la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, ha solicitado la suspensión de la vista tras alegar encontrarse en una situación de riesgo ante el coronavirus, ya que adolece de patologías previas. Esto unido a que no se ha podido localizar a un testigo considerado "clave" en el caso, ha motivado que la presidenta del tribunal popular, la magistrada María Inmaculada Montesinos, haya decidido posponer el juicio, que queda ahora pendiente de un nuevo señalamiento.

Lo cierto es que la sala de vistas donde se celebran habitualmente los jurados de la Audiencia de Cádiz ya estaba habilitada con medidas anti-Covid para garantizar la seguridad y la salud durante la celebración del juicio. Así, se habían instalado mamparas de protección, se habían marcado las distancias mínimas de seguridad entre los acusados, sus letrados, el abogado del Estado y el fiscal y se habían adaptado las banquetas del público para que los miembros del jurado pudiesen guardar igualmente una distancia de seguridad. 

Este protocolo era más que necesario habida cuenta que la vista con jurado se iba a prolongar durante seis días en los que iban a coincidir en una sala, amplia y ventilada, eso sí, en torno a 25 personas durante cuatro o cinco horas diarias.

En el conocido como caso Santa María hay dos posturas enfrentadas. De un lado, la familia del fallecido sostiene que los agentes se sobrepasaron durante su intervención y por eso los acusan de un delito de homicidio. De otro, los policías defienden que actuaron en legítima defensa y en el cumplimiento del deber de sus funciones, dos eximentes que los exonerarían de cualquier responsabilidad penal. La Fiscalía, por su parte, respalda la postura de los policías encausados. 

La familia de Juan Antonio pide para cada uno de los policías 15 años de prisión, la pena máxima por cuanto contempla dos agravantes, el de abuso de superioridad y el de prevalimiento de su cargo, mientras que la acusación pública y las defensas plantean la absolución de los procesados.