En plena pandemia son muchos los negocios que penden de un hilo. Y la crisis económica, junto a las medidas y restricciones que los comercios han debido adoptar para frenar la expansión del coronavirus, han agravado un problema que en Cádiz viene de largo, como es el precio de los alquileres comerciales. 

Ya el pasado mes de julio, recién salidos del estado de alarma, los comerciantes gaditanos lanzaban un grito de socorro a través del presidente de la Asociación Cádiz Centro, Manuel Queiruga, asegurando que "hay propietarios de locales muy egoístas" y que han mostrado "una actitud muy poco colaborativa a la hora de rebajar los alquileres en esta época de pandemia, o buscar fórmulas de pago que permitan aguantar al empresario local".

Para hacerse a una idea de lo que deben soportar los comerciantes gaditanos, un local en la calle Columela puede alcanzar los 50 euros por metro cuadrado. Una cantidad que desde el Gobierno Local se considera "fuera de la realidad", abogando por "garantizar unos precios de alquileres justos para que los comercios locales puedan sacar adelante sus establecimientos con dignidad".

La solución para la grave situación que viven muchos pequeños comercios de Cádiz puede venir de la otra punta de la península, concretamente de Cataluña. Y es que el Gobierno de la Generalitat ha aprobado un decreto que obliga a reducir al 50% el alquiler de los locales afectados por las restricciones aplicadas por la pandemia, siempre que no haya un acuerdo previo entre propietario y arrendatario. Una medida que podría inspirar a la Junta de Andalucía para dar algo de respiro a los comerciantes andaluces, entre ellos los gaditanos. 

El decreto, según la consellera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, da facultades a los titulares de los comercios a negociar con los propietarios de los locales para alcanzar un acuerdo para rebajar el precio del alquiler y, si no hay pacto en un plazo máximo de un mes, la norma obliga a rebajar automáticamente en un 50% el alquiler, algo a lo que se podrán acoger bares, restaurantes, centros de estética, bingos, casinos, salas de juego y ludotecas afectadas por las restricciones.

Budó ha concretado que esto también se aplicará en los bares y restaurantes que tengan el local cerrado pero que están haciendo entregas a domicilio u ofreciendo productos para llevar. Asimismo, el decreto incluye al resto de actividades que tienen limitado su aforo, aunque en este caso la rebaja del alquiler será proporcional a la rebaja del aforo, que afectará a teatros, comercios, tiendas de 24 horas, y hoteles.

De esta manera, si un negocio tiene el aforo limitado a la mitad, deberá pagar la totalidad del alquiler de la mitad de la que sí puede sacar rendimiento, y de la otra mitad pagará el 50%, es decir, que pagaría el 75% del coste habitual.

Budó ha reivindicado que el objetivo es "evitar el cierre de empresas" y que trata de una medida rápida para propiciar acuerdos y evitar la judicialización de estos casos, lo que provocaría una congestión de los tribunales y las sentencias llegarían muy tarde.

Preguntada por si se plantean dar incentivos a los propietarios de los locales, ha dicho que no está descartado y que lo analizarán en función de qué tipo de propietario sea, y ha subrayado que esta norma sirve para "repartir el coste" de las restricciones entre arrendador y arrendatario.