Una situación "intolerable"

Con lo mínimo que califican la gestión que está realizando el actual equipo de Gobierno con la Delegación de Asuntos Sociales es de "intolerable". Este área era una de las banderas de Por Cádiz sí se Puede cuando accedió al Ayuntamiento pero, sin embargo, a juicio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la gestión deja mucho que desear porque "no avanza en la solución de los problemas de la ciudadanía ni se articula la participación social".

Así, en un comunicado de prensa asegura que los problemas de los ciudadanos se multiplican y califican de "hiriente" la respuesta que da el Ayuntamiento para tratar de argumentar esta inacción, como "la falta de recursos o la necesidad de acometer nuevos planes estratégicos o nuevos procedimientos que nunca llegan". En este sentido afirman que desde el punto de vista de los derechos humanos "todo ello es intolerable".

En este sentido, esta entidad asegura que no pueden aceptar como argumento "la falta de recursos porque ninguna persona de nuestra ciudad debe quedar tirada en la calle o pasando graves necesidades". La asociación cree que ésta debe ser la prioridad por encima de otros planteamientos.

Así lanzan una serie de prioridades que debe tener el equipo de Gobierno municipal como el que "se debe regular como un derecho el que no se amenace con el corte de luz y agua a quien no pueda pagarla y evitar el mendigueo en las ayudas". Así, la APDHA afirma que aún no se ha culminado un proceso de participación social iniciado hace un año para el bono social eléctrico" y el del agua tampoco se sabe nada. A su juicio, esto ha sido cambiado por talleres "que sin duda tienen también su utilidad" de cómo se evita el consumo desmesurado en estos suministros.

También habla de prioridad el que la Mesa de Personas sin Hogar "funcione de forma estable y continuada y deje de estar intermitentemente paralizada". Aquí pide que se apliquen las propuestas que se elaboraron "y más aún cuando se acerca a pasos agigantados el invierno".

También se critica que no se haya producido la modificación de la normativa reguladora de la concesión de ayudas sociales, que es la misma de cuando gobernaba el PP. Entre las que cita están las de las ayudas al alquiler no contempladas en la Ordenanza de Alquiler Justo: "¿Qué hace una familia que no puede asumir los gastos de alquiler , luz, agua y alimentación? ¿Deja de pagar el alquiler y espera el desahucio?". Derechos Humanos considera que la actual normativa "parte de una concepción paliativa y de beneficiencia". Este colectivo asegura que ya el año pasado le transmitieron a la delegada de Asuntos Sociales, Ana Fernández, "que en vez de una mera asistencia era imprescindible ofrecer itinerarios integrales que permitan a la personas y a las familias salir del círculo vicioso de la asistencia en la que el sistema le condena".

Tampoco saben nada del plan estratégico que se anunció en junio y "del que nunca más se supo, o al menos no lo sabemos los colectivos sociales". También meten el dedo en la llaga de otro de los elementos estructurales de Podemos, el de la participación, ya que hasta ahora cree que hay "una parálisis en estos mecanismos".

A la APDHA le da la impresión de que "no saben cómo articular la participación ni cómo actuar ante los colectivos sociales". Las "proclamadas" nuevas fórmulas de participación, "calificadas como directas de la ciudadanía o asamblearias, ni terminan de cuajar ni se conocen cómo se van a implementar si es que lo van a hacer, ni se sabe en cuánto y cómo están contrapuestas a las fórmulas ya reglamentadas".

La APDHA afirma que en 15 meses siguen sin saber cuáles son las estrategias en el área de Servicios Sociales "para afrontar la situación de extrema emergencia social que padece nuestra ciudad". Esta entidad pide por todo ello "un replanteamiento y un cambio de rumbo".