El Sindicato de Inquilinas de Cádiz logra la segunda paralización temporal de un desahucio este lunes 19 de enero

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha logrado la segunda paralización temporal del desahucio de una familia este lunes 19 de enero. Se trata del de Marisol y Juan Antonio de la que ha sido su casa durante los últimos 22 años en el número 5 de la calle Matrona Modesta Calvo, detrás del Hospital Puerta del Mar, muy cerca del patio de La Tacita de Plata.

"El BBVA y Divarian, forzados por nuestra presión y la resistencia de Marisol y Juan Antonio, han solicitado la suspensión del desahucio por 30 días", informó la noche de este domingo 18 de enero a este periódico un portavoz del colectivo. La organización ya consiguió una primera suspensión temporal del lanzamiento el pasado 26 de noviembre. No obstante, el sindicato ha decidido "por seguridad" mantener la convocatoria de stop desahucio convocada para la mañana de este lunes 19 de enero a las 9:30 horas con el fin de evitar "otra vulneración más al derecho a una vivienda digna".

"Ni la moratoria ni el decreto antidesahucios del Gobierno evitan que siga habiendo familias que se queden en la calle", difundieron anoche en sus redes sociales. "Solo cuando nos organizamos y nos ponemos delante, los desahucios se paran. No pararemos hasta que Marisol y Juan Antonio se queden en su casa", sostienen.

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz había vuelto a convocar a toda la ciudad de Cádiz a parar el desahucio previsto para este lunes 19 de enero a las 8:00 horas. "Tras la negativa del BBVA y Divarian a cualquier intento de negociación con la familia, la reactivación del procedimiento judicial por el juzgado y la falta de respuesta institucional, Juan Antonio y Marisol pueden encontrarse en la calle la próxima semana", afirmaban desde la organización a través de un comunicado .

"Una espera agonizante por una suspensión indefinida que no llega"

Tras la paralización del primer intento de desahucio de Juan Antonio y Marisol el pasado 26 de noviembre, la justicia solicitó nueva documentación a la familia para valorar su vulnerabilidad y estudiar la suspensión indefinida del desahucio ante la falta de una alternativa.

"Un mes de espera y la acreditación de la vulnerabilidad económica, de la pensión de Juan Antonio, de sus enfermedades cardiorrespiratorias, su discapacidad y la ausencia de red de apoyo en Cádiz, no fueron suficientes para una justicia que prefiere ponerse del lado de la especulación inmobiliaria", informaron desde el Sindicato de Inquilinas.

Por si no fuera suficiente, "la negativa a dicha suspensión es recibida por la familia a menos de una semana de la fecha del desahucio, impidiendo incluso una mudanza efectiva de la familia con sus enseres de más de 22 años".

"Un Ayuntamiento ausente"

"Los servicios sociales del Ayuntamiento sólo se pusieron en contacto con la familia una vez paralizado el primer desahucio gracias a la presión colectiva y la movilización popular", aseguran desde la organización.

"Desde el Ayuntamiento se ha ofrecido, exclusivamente, adelantar a la familia en la lista de espera de Procasa. No ha habido ninguna oferta real de realojo inmediato, mediación con la entidad financiera o con los juzgados para lograr que la familia no tenga que abandonar su vivienda", añadieron.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz exigen "al Ayuntamiento de Bruno García que actúe con determinación y rapidez para evitar una desgracia humana de tal calibre. La inacción institucional les convierte en cómplices necesarios del desahucio".

"Solo las vecinas y vecinos de Cádiz pueden evitar el desahucio"

"Unos juzgados que han alargado el procedimiento judicial generando una 'falsa tranquilidad' a la familia, un banco como el BBVA o un fondo buitre como Divarian, y unas administraciones públicas inmóviles no están dispuestas a frenar el lanzamiento. Solo las vecinas y vecinos de Cádiz pueden hacerlo", sostienen desde la organización.