Paralizado el desahucio de una pareja previsto para esta semana en la calle Modesta Calvo de Cádiz

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz atribuye la decisión judicial, que es temporal, a la "presión social"

Silencio institucional y angustia ante el desahucio

Marisol y Juan Antonio, junto a María Sánchez, del Sindicato de Inquilinas, cuando dieron a conocer su caso.
Marisol y Juan Antonio, junto a María Sánchez, del Sindicato de Inquilinas, cuando dieron a conocer su caso.

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz, tras más de dos semanas de presión social y vecinal, ha anunciado que se ha logrado paralizar el desahucio de Juan Antonio y Marisol de su vivienda en la calle Matrona Modesta Calvo. Este desahucio, promovido según recuerda el sindicato por "el BBVA y su fondo buitre Divarian", estaba convocado para este miércoles 26 de noviembre a las diez de las mañana. "Ni las instituciones, ni Procasa, ni servicios sociales han hecho nada por evitar el desahucio, solo la organización colectiva lo ha conseguido", afirma el comunicado del Sindicato de Inquilinas.

Fue el pasado 5 de noviembre cuando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz hacía público el desahucio de Juan Antonio y Marisol, después de 22 años en su casa, y hacía un llamamiento a la ciudadanía gaditana a colaborar para evitar el desahucio.

"Tres semanas después, la movilización para presionar al BBVA en varias de sus sedes, el asesoramiento jurídico y sindical y la presión social, junto con el apoyo y la concienciación de cientos de personas, tuercen el brazo del poder inmobiliario. Un poder económico, político y judicial que es capaz de pasar por encima de una familia trabajadora que lleva 22 años en un hogar, que antes pertenecía a sus antepasados, con tal de rentabilizar al máximo posible cada centímetro de vivienda y suelo de nuestra ciudad", señala el comunicado.

Pese a este primer logro, el sindicato advierte del carácter temporal de la decisión judicial: "Pero las victorias a veces no son definitivas. En este caso la presión ha logrado que el desahucio se paralice en los juzgados temporalmente y se posponga. Es decir, que para la justicia y para el BBVA y Divarian esta familia no debería poder vivir en su casa después de haber pagado 50 mil euros de hipoteca. Tampoco para los servicios sociales, Procasa, el Ayuntamiento y demás administraciones, que por el momento no se han dignado ni siquiera en interesarse por la situación".

Para esta agrupación social gaditana, la solución es clara: "No debe ser una alternativa habitacional, ni una pensión, ni un albergue, ni una vivienda municipal, sino simple y llanamente que podamos vivir en nuestras casas y que estas no caigan presas de la especulación inmobiliaria y del rentismo".

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz explica también no cesará en la lucha, en la organización y en realizar las convocatorias que sean necesarias hasta que "el BBVA y Divarian, los máximos culpables de la situación, acepten que Juan Antonio y Marisol deben de quedarse en su casa pagando un alquiler digno. Es lo justo y lo que se merecen frente a todo un sistema inmobiliario que está destrozando nuestra ciudad, sus barrios y la vecindad".

Durante las próximas semanas y meses, informa el sindicato, las convocatorias y acciones para lograr este objetivo se seguirán llevando a cabo: "Porque Cádiz no se vende y quien la habita, resiste".

stats