En Cádiz: “Ante nuestro desahucio solo tenemos silencio institucional y angustia”

“Soy Juan Antonio y ella es Marisol. El próximo 26 de noviembre el BBVA y Divarian nos quieren echar de nuestra casa, de la casa que heredé y en la que vivían mi abuelo y mi tía. Marisol y yo llevamos 22 años en la vivienda. Pero en 2013, a raíz de un accidente de trabajo que me dejó sin indemnización solo pudimos pagar una parte la hipoteca a BBVA, pero no nos dejaron seguir pagando y nos demandaron. Habíamos pagado ya unos 50.00 euros”.

“En 2018 Divarian empezó a acosarnos constantemente para que nos marchemos de casa. Nos hacen llamadas, visitas a nuestro domicilio y están poniendo anuncios de venta en portales de internet y en redes advirtiendo de que la casa está ocupada ilegalmente. Nosotros no somos ocupas ilegales, queremos seguir viviendo en nuestra casa pagando un alquiler que podamos pagar con nuestros ingresos”.

Respaldado por el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, así contaba ayer Juan Antonio el calvario que están sufriendo, ahora mismo ni siquiera con la asistencia de un abogado. Él tiene una discapacidad del 57% por una enfermedad crónica a la que se une otra respiratoria grave, tres hernias discales fruto de toda una vida trabajando como escayolista, fibromialgia, depresión y ansiedad, todas agravándose rápidamente en medio de lo que están viviendo. Ella tiene reconocida una discapacidad del 55% y también se encuentra bajo tratamiento de varias patologías. “Hemos trasladado nuestra situación a los Servicios Sociales, que están valorándola porque nos encontramos bajo una vulnerabilidad severa”, apunta Marisol.

“Queremos que la gente nos apoye para parar este desahucio que tenemos señalado para el próximo 26 de noviembre a las 8 de la mañana”, pide, por favor Juan Antonio. Su vivienda está en la calle Matrona modesta Calvo, antigua Ejército de África, número 5, detrás del Hospital Puerta del mar, cerca de la entrada al Servicio de Urgencias.

“Ellos marcan el 2018 como un antes y un después porque fue el año en el que el BBVA le hace la aportación al fondo buitre Divarian. A partir de ahí empiezan a sufrir ese acoso. Previamente, el BBVA había cancelado el pago de cualquier cantidad, que es lo que venía haciendo: aportar a la hipoteca lo que podía en función de lo que cobra”, dijo María Sánchez, portavoz del sindicato.

La hipoteca del piso la solicitó él una vez recibida en herencia para pagarle su parte a sus hermanos y para una reforma, porque la casa estaba en muy mal estado.

“Lo único que nos propone Divarian es darnos 3.000 euros y que abandonemos nuestra casa”, denuncia Juan Antonio. “Esa es la única posibilidad de acuerdo que nos ofrece en tantos años. Esto, habiendo sido heredero de mi abuelo y de mi padre, que en paz descanse”.

“Todas las instituciones tienen conocimiento de esto y no hacen nada”, asegura él, que ha presentado escritos denunciando su caso ante el juzgado, ante Fiscalía, ante el Ayuntamiento y ante los Servicios Sociales, además las correspondientes reclamaciones ante el propio BBVA, ayudándose de Chat GPT. “Hasta ahora todo lo que tenemos es silencio y angustia, nada más”, lamenta indignado.

Tuvieron un abogado de oficio, “pero se saltó un plazo, nos dijo que no podía hacer nada más y tuvimos que poner una queja por indefensión”. Por eso han solicitado la asignación de otro. Todavía están a la espera. Y en los Servicios Sociales todo lo más que le ofrecen es una ayuda al alquiler que encuentren en una ciudad en la que apenas hay pisos que arrendar y los que hay, están por las nubes o son por temporada. “En el Defensor del Pueblo Andaluz me dijeron que hay muchos casos como el nuestro y que tampoco podían hacer nada”, asegura Juan Antonio.

“Lo único que queremos es que nos dejen vivir en nuestra casa en paz, pagando un alquiler que podamos pagar”, resume Juan Antonio.

“Es muy indignante que en una casa que ha sido de sus abuelos, de su tía, por una deuda bancaria no le hayan dado una alternativa, después de encontrarse en una situación laboral en la que le cambió la vida”, insistió la portavoz del sindicato. “Lo que piden es lo que pediría cualquiera: vivir pagando lo que puedes pagar”, concluyó María Sánchez.