Las revisiones catastrales elevan hasta un 400% el valor de los inmuebles

El exagerado boom urbanístico de la última década y el gran encarecimiento de la vivienda han sido los dos caldos de cultivo de una "bomba" que tarde o temprano iba a estallar en la provincia. Estos dos factores han provocado que las revisiones catastrales de los últimos tres años hayan reflejado una revalorización media de los inmuebles del 230% y máxima de casi el 400% que ha disparado la cuota del IBI de muchos contribuyentes.

Lo sabían los gobiernos municipales, que retrasan hasta el extremo las actualizaciones para evitar "comerse" el conflicto, y los ciudadanos, pero, además, los excesivos fallos detectados en localidades como Conil o Jerez han puesto en entredicho los sistemas de medición empleados por este organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Invernaderos como naves industriales o inmuebles, zonas comunes de comunidades valoradas en 30 millones (5.000 millones de pesetas), garajes como viviendas, patios como garajes o porches salidos de la nada son sólo algunos de los problemas detectados por los ciudadanos. Ayer, cerca de un millar protestó en una manifestación convocada por la Plataforma Anticatastro en la que se exhibieron lemas como "Esto es un atraco, manos arriba". Hasta la alcaldesa jerezana, Pilar Sánchez (PSOE), en un despiste a micrófono abierto, ha llegado a decir que la situación "es un desastre", ante lo que esta semana anunció la contratación de un "equipo de expertos" para contrastar los datos actuales.

No son las únicas incidencias. En Puerto Serrano, por ejemplo, el Consistorio ha reclamado una nueva revisión porque la realizada había dejado fuera numerosas viviendas nuevas del municipio.

Y es que el efecto de la renovación catastral ha sido muy fuerte no sólo por las grandes revalorizaciones o por los problemas surgidos, sino también porque Cádiz ha sido la provincia andaluza que más actualizaciones ha afrontado en los últimos tres años, los primeros que reflejan las consecuencias de la explosión inmobiliaria. Quince de los 44 municipios gaditanos, un 34%, se han sometido a este procedimiento, mientras que en otros puntos de la región, como Sevilla o Málaga, no llegan al 30% o, incluso, no superan el 5% de localidades, como en Huelva.

El proceso se inicia a solicitud del propio Ayuntamiento y consta de cuatro fases: comprobación y anotación de las características inmobiliarias y catastrales; elaboración de una ponencia de valores que recoge la tasación por zonas y tipos de bienes (vivienda, garaje, establecimiento...); fijación individualizada y masiva y, finalmente, notificación a cada contribuyente. A partir del momento de la recepción del aviso, el propietario tiene un plazo de un mes para recurrir, aunque, por ejemplo, en el caso de Jerez y debido al alto volumen de incorrecciones, el director general del Catastro se comprometió a que se aceptarían alegaciones presentadas fuera de plazo.

El documento clave de las revisiones es la ponencia de valores, que se realiza tomando como base el planeamiento municipal existente y elaborando un estudio del mercado en el que se utilizan, por ejemplo, consultas a inmobiliarias locales. Para salir adelante, la ponencia, cuyos valores deben rondar el 50% de los precios del mercado, tiene que contar con la aprobación municipal, de ahí que ahora localidades como Jerez reclamen al Ayuntamiento que pida su revocación. No sería el primer caso en España. En Jávea, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló en febrero la revisión -que provocaba subidas de la contribución del 300%- porque las fuentes manejadas, como "determinados portales web y la mención genérica a API", no era "concretas ni fiables".

Las repercusiones en la provincia están todavía por ver, ya que hay municipios como la propia capital, El Puerto, San Roque o Barbate donde la última actualización se realizó hace más de diez años -la última ley (1/2004 de 5 marzo) recomienda hacerlas cada cinco años y en caso de superar este plazo, se pide que no exceda de diez años-.

Las últimas valoraciones conocidas, que son las que entraron en vigor en 2006, ya recogieron extraordinarias revalorizaciones patrimoniales. En algunos casos, como Benaocaz o El Bosque, han rozado el 400%, claro reflejo del enorme desarrollo que ha vivido la Sierra en la última década. En 2006, el valor medio de los bienes inmuebles en Benaocaz era de casi 12.900 euros, y sólo un año después, con la revisión, se disparó a los 93.300. En El Bosque, lo mismo: de 21.486 a 114.890 euros de media. Si estos son los resultados de dos localidades que no suman ni 2.000 bienes inmuebles, ¿qué ocurrirá en Grazalema después de 22 años sin actualización?