Coronavirus | Cádiz

7 municipios y 4 federaciones de padres han pedido ya a la Junta el cierre de los colegios

  • Los Consejos Escolares son los de Cádiz, Puerto Real, Rota, Los Barrios, Benalup-Casas Viejas, Trebujena y Tarifa

  • El grupo de Flampas que han solicitado la misma medida lo componen Cádiz, Conil, San Fernando y Sanlúcar

Alumnos del IES Manuel de Falla, en Cádiz, en una imagen de principios de diciembre pasado.

Alumnos del IES Manuel de Falla, en Cádiz, en una imagen de principios de diciembre pasado. / Julio González

Siete Consejos Municipales Escolares y cuatro federaciones locales de asociaciones de padres y madres del alumnado (Flampas) de una decena de municipios gaditanos han solicitado formalmente a la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz el cierre de los colegios públicos en su territorio, ante el incremento de los casos postivos de Covid-19 que se están registrando en esta tercera ola de la pandemia.

Los Consejos Escolares Municipales que han trasladado por el momento esta medida al Delegación son los de Cádiz, Puerto Real, Rota, Los Barrios, Benalup-Casas Viejas, Trebujena y Tarifa y las Flampas, las de Cádiz, Conil, San Fernando y Sanlúcar, han confirmado a este periódico fuentes del departamento que encabeza Miguel Andreu.

Desde la Delegación no han respondido aún oficialmente a estas demandas, aunque están trabajando en una respuesta que enviarán en breve, aseguraron las mismas fuentes. En cualquier caso, Miguel Andreu, recordó esta mañana, a pregunta de este periódico, que son las autoridades sanitarias las encargadas de decidir si se cierran o no aulas o centros completos en función de los casos detectados y del criterio de los epidemiólogos.

Algunos Consejos Municipales Escolares y Flampas, como la de Chiclana, han solicitado ya información al respecto a la Delegación Territorial de Salud y Familias.

Andreu entiende que la información sobre los casos de Covid-19 que se está trasladando a los padres y madres de los alumnos afectados es suficiente y apela a la Ley de protección de datos para no hacerla extensiva al resto de la comunidad educativa y las familias.

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