Su construcción se vincula a la Exposición Universal de Sevilla, en 1992, y la regata de grandes veleros que aquel año atracó en Cádiz; la recordada Colón 92. Pero como es demasiado habitual en la ciudad, lo que nació como un gran proyecto jamás llegaría a concluirse. Algo que no ha impedido que actualmente disponga de una protección que evita una intervención excesivamente notoria, y mucho menos su derribo.

El edificio Ciudad del Mar, contra cuya protección urbanística hoy luchan las administraciones (las mismas que en su día promovieron la protección), se proyectó como un equipamiento con tres zonas diferenciadas: la primera para áreas representativas y administrativas, la segunda destinada a residencia de deportistas de vela, y una tercera para locales de ocio. Pero como reza en el informe al que ha tenido acceso este periódico, “de ellas solo se llegó a ejecutar totalmente la primera (la destinada a áreas representativas y administrativas)”. La que iba a ser residencia de deportistas “se encuentra finalizada hasta la estructura, que queda vista como elemento a completar”. Y la tercera, destinada al ocio, “no llegó a iniciar su construcción”.

El interior del edificio ha sufrido el deterioro del tiempo y la visita de vándalos.

Por todo ello, el informe firmado por el arquitecto Julio Pérez Revilla concluye que a pesar de ser un edificio de reciente construcción “se encuentra en un mal estado de conservación, habiendo sido vandalizado con un alto grado de destrucción”.

Tal y como describe el llamativo informe, el edificio ni está terminado ni tiene uso alguno. “De hecho, el edificio nunca llegó a consolidarse ni llegó a desarrollar los usos previstos en el proyecto original”, se especifica.

El vandalismo y “las inclemencias de un ambiente marino sin ningún tipo de mantenimiento durante 25 años”, por este orden, marcan el deterioro del Ciudad del Mar. Y “si exteriormente el edificio manifiesta un alto grado de deterioro, interiormente la situación actual es todavía más demoledora”, afirma el informe, que detalla la destrucción parcial de los elementos constructivos, el “estado de conservación paupérrimo” generalizado y la repetición de estructuras colocadas para evitar el acceso de personas “hasta el punto de hacer casi irreconocible el proyecto original”.

Todo ello ha provocado “la aparición de daños estructurales visibles en zonas puntuales, especialmente relevantes dado el sistema estructural empleado mediante forjados y pantallas de hormigón armado ejecutados in situ”.

Un informe destaca el alto coste económico que supondría rehabilitar el inmueble

“El resultado es una edificación sin terminar que nunca llegó a ser usada para lo previsto, abandonada y con un alto grado de deterioro que dificulta la implantación de cualquier uso, dada la rigidez de su sistema constructivo y los costes que supondrían una rehabilitación del mismo”, resuelve el informe, que añade además que el abandono del Ciudad del Mar “ha convertido al entorno en un área degradada e improductiva del municipio”.

Si toda esta relación de calamidades y de deterioro de una inversión pública que jamás llegó a utilizarse es de por sí sorprendente, más aún lo es el hecho de que la protección del edificio que tiene en jaque al proyecto hotelero y frente a la que ahora luchan las administraciones se remonta al PGOU en vigor; es decir, al año 2011. Y responde a un “volcado masivo en el catálogo general del Plan de todos aquellos inmuebles que aparecen en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía y en la Guía del Colegio de Arquitectos de Cádiz estableciendo para ellos la protección mínima en grado 3 ambiental”; una suerte de chapuza que buscaba sortear los requerimientos que sobre el PGOU que se estaba tramitando llegaban desde la Consejería de Cultura.

El interior del edificio ha sido objeto de un sin fin de actos vandálicos

Así pues, en 1992 se quiso levantar una gran edificación, un suelo de oportunidades para la ciudad, que nunca llegó a levantarse por completo ni mucho menos utilizarse. Y veinte años después, pese al sonrojante abandono e inacción de la administración, el edificio (o lo que ya entonces quedaba de él) fue protegido urbanísticamente; algo que treinta años después pone en riesgo el único interés por invertir y por remediar esa vergüenza que se ha puesto sobre la mesa. Un auténtico despropósito.