Reconocen que en Cádiz se han cometido excesos, que era necesaria una regulación y que hace falta una reestructuración. Los hosteleros están dispuestos a acordar cómo quedarán sus terrazas tras la aplicación de la nueva ordenanza. Pero sin que se pierda empleo. Sostienen que los duros “parámetros técnicos” que se pretenden imponer en primera instancia le costarían a la ciudad medio millar de puestos de trabajo. Los primeros afectados, los hosteleros de la plaza de San Francisco y Mina confían en llegar a un acuerdo con el concejal de Vía Pública, Martín Vila.

“Yo, mi pan, lo tengo. Me preocupa el pan de mis compañeros. El más antiguo lleva 25 años. Sería muy duro decirle a cualquiera de los nueve que no puede continuar trabajando porque el Ayuntamiento nos quita mesas”, confiesa Pedro García Muñoz, hijo del gerente del bar Parisién y camarero. En su terraza perdería entre ocho y diez mesas de 24 si se retranquean hacia fachada hasta no superar el acerado. “Es como si nos dijeran que estorbamos, cuando estamos generando empleo de calidad, con salarios, horarios y descansos según convenio... Si esto se lleva a cabo, tendré que cambiar el modelo: no dar desayunos, quitar la cocina, poner tapas frías, copas... en fin, otra cosa”, planea.

“Entiendo que haya que reducir mesas, pero no se puede dejar un restaurante con diez camareros con ocho mesas, como le va a pasar a mi vecino –se refiere al San Francisco 1–. Calculo que a ese ritmo, unas 500 personas se irían al paro en toda la ciudad. E indirectamente, si ahora compro diez kilos de almejas, compraré dos y si son cien kilos de café, pues compraré cinco. Esto es una cadena. Creo que no están valorando las consecuencias que puede tener esto. En Cádiz, si no tienes terraza, no tienes turismo, que es de lo que vivimos”.

“Mi padre es un emigrante de Alcalá de los Gazules que llegó a Cádiz hace 50 años, montó su negocio, que ha creado empleo y que ha prosperado con el sudor de su frente... Que todo eso se vaya de repente al garete sería muy triste...”, lamenta Pedro. “A nosotros nos cuesta más de 1.300 euros diarios abrir la puerta y en verano, con los extras, unos 1.600... Si nos sentamos, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo con el concejal, que está dispuesto a hablar y a consensuar”. De hecho, ya han propuesto un cambio de mobiliario y están pendientes de concretar la fecha de un segundo encuentro.

Pedro entiende que el retranqueo tampoco beneficiaría a madres y padres con carritos ni a personas con movilidad reducida, que tendrían que circular por el adoquinado en vez de por el acerado. Por eso defienden el mantenimiento del pasillo existente. “Dicen que obstaculizamos el paso, pero podemos demostrar que no es así. Y vamos a hacerlo con una recogida de firmas entre nuestros clientes”, avanza.

“No queremos confrontación con el Ayuntamiento de Cádiz, solo queremos un acuerdo”, dice José Luis Sánchez Vargas, gerente de San Francisco 1. “Tenemos muy claro que no se pueden invadir los espacios públicos. Disfrutamos de unas concesiones municipales que pagamos con nuestros impuestos. ¿Que hay una reestructuración? Bueno, pues vamos a afrontarla y a escuchar a todos. Pero el colectivo que crea empleo, que expone su dinero y a veces a hasta su casa, es el colectivo de la hostelería. En Cádiz vivimos del sector terciario, del turismo, de la hostelería, de los hoteles”, recuerda José Luis.

“Ayer [por el miércoles] tuvimos una reunión con el concejal y con el técnico encargado. Le hicimos una contrapropuesta y al edil lo vi muy receptivo, muy proclive a seguir hablando”, dice. “Yo ya he retirado diez mesas y me he quedado con doce, pero me quieren retirar cuatro más: en total, 14 mesas menos. Ayer presenté documentación sobre lo que pago de Seguridad Social por mis empleados, que asciende a una media de 5.000 euros... Y hemos propuesto replantear las terrazas con un mobiliario más pequeño, más cómodo. Y de tener 67 metros cuadrados pasamos a tener 42... pese a que no llegamos a ocupar un tercio de la plaza, tal y como establece como máximo la nueva ordenanza...”

“Pero si nos aplican la normativa con la mayor dureza posible, esto se traslada a la pérdida de puestos de trabajo. Y no es una amenaza: es una consecuencia y una realidad”, dice. “Conmigo trabajan ahora mismo entre ocho y doce personas, dependiendo de la temporada. Con el planteamiento inicial, cuatro personas irían fuera. Ellos lo saben y me apoyan. Porque nosotros, más que una empresa, somos una pequeña familia. No queremos ni confrontación ni polémicas. Queremos acuerdos. Vamos a reducir metros, pero manteniendo empleo. Si no, lo vamos a pasar mal. Porque esto redunda en mucha gente. En el repartidor de la cerveza, el del agua, en el frutero, el del gas de las estufas... Por cada puesto directo, mínimo hay dos indirectos”, asegura José Luis. “Ayer salimos de la reunión esperanzados porque el concejal nos emplazó a seguir hablando y estudiarlo conjuntamente en una segunda reunión”, coincide con Pedro.

“Lo primero que queremos es cumplir con la norma y llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y con todas las instituciones con las que tenemos relación. Somos gente trabajadora y honrada. Pero si se nos aplican estos nuevos ‘parámetros técnicos’ tan duros no podremos salir adelante igual”, dice José Luis. “Claro que hay que escuchar a todos los colectivos, incluidos quienes se comportan como guardianes del uso de los espacios públicos, pero tengamos claro que ellos no aportan absolutamente nada a la ciudad, mientras que nosotros creamos empleo y bienestar”, concluye.