Colectivos que participaron en la redacción de la ordenanza reguladora de las terrazas de bares y restaurantes han pedido al equipo de Gobierno que controle los excesos de algunos hosteleros en la ocupación del espacio público y haga cumplir la nueva ordenanza que entró en vigor el pasado mes de julio. Ayer entregaron la petición a la concejalía que encabeza Martín Vila, a la que se sumó Agadi, la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad.

El escrito lo suscriben la federación de asociaciones de vecinos Vecinos de Cádiz-5 de abril, Facua, la asociación de vecinos Tres Arcos, Agaden, la asociación de peatones La Zancada y la Asamblea Ciclista, colectivos que también protestan por quejas por ruidos a altas horas de la madrugada y por la creciente turistificación de la ciudad derivada de la proliferación y la “falta de control” de los apartamentos turísticos.

La mayoría de estas entidades participaron activamente en la elaboración de la nueva ordenanza y están convocados a una mesa de seguimiento el próximo mes de octubre. Aún así, han considerado necesario difundir la denuncia pública que adelantó ayer este periódico y que derivan –aseguran– de multitud de quejas vecinales.

Desde el Ayuntamiento sostienen que ya están aplicando la nueva ordenanza, “con flexibilidad” para quienes ya disfrutaban de licencia y han solicitado su adaptación a la normativa vigente desde julio. Y de manera “inflexible” con los nuevos establecimientos, que deben acogerse directamente a las nuevas condiciones.

Lo cierto es que, como ya publicó este periódico, hasta ahora sólo se han registrado 180 solicitudes de renovación-adaptación de un total de 400 terrazas y peticiones de nuevas autorizaciones, cuando el plazo termina el próximo 30 de septiembre. En cualquier caso, el Ayuntamiento tiene la intención de prorrogar el periodo de adecuación a las nuevas condiciones de accesibilidad hasta final de año.

Sin noticia de expedientes sancionadores

Desde el Consistorio aseguran que cumplen con las labores de inspección y control a las que obliga la nueva normativa, pero prefieren no citar casos concretos de órdenes de retirada de mesas y sillas ni de apertura de expedientes sancionadores.

En cualquier caso es público y notorio que un establecimiento de reciente apertura en el Callejón del Tinte montó su terraza al pie del Museo Provincial, en la Plaza de Mina, y fue retirada a los pocos días y trasladada a la fachada de esta estrecha calle.

También que otro situado en la calle Nueva tuvo que retirarla y sigue a la espera de autorización y que un tercero situado en la Plaza de San Agustín se vio obligado a aguardar a que se le concediese, pese a que ya tenía las mesas y las sillas apiladas para montarlas.