Habrá quien todavía piense si de verdad requiere tanta atención mediática una ordenanza que a fin de cuentas lo que establece es dónde se pueden poner las sillas y mesas de los bares y restaurantes y dónde no. En una ciudad como Cádiz la respuesta es que por supuesto que sí.

Lo compacto del casco urbano, sobre todo del histórico; la densidad de bares y restaurantes; el peso de la hostelería en la maltrecha economía y el flaco mercado laboral local; la creciente y activa reivindicación ciudadana de que los espacios públicos son de todos; determinados excesos y los consiguientes conflictos entre vecinos, personas con discapacidad, peatones, ciclistas y hosteleros;la presión turística, cada vez mayor, y la falta de una normativa municipal específica la hacían imprescindible y urgente. Sólo faltaba la voluntad política y cierto modelo de ciudad sostenible, paseable y pedaleable.

Pero lo más novedoso no es únicamente que sea la primera norma que regule la ocupación y el uso de los espacios públicos con el fin de hacer la convivencia lo más fácil posible, priorizando el uso colectivo, evitando su privatización y, a la vez, permitiendo la actividad económica.

La de terrazas es también la primera ordenanza que se construye en la ciudad desde un proceso participativo –y conflictivo, sí, hasta que hubo acuerdo– después de un intento fallido de aprobarla sin atender a las propuestas del colectivo al que se pretende regular. Hacerlo así habría sido como pactar un código de circulación escuchando las demandas de peatones y ciclistas y no las de los conductores.

Pero ¿es posible acordar una normativa con colectivos de intereses tan enfrentados? La aprobación inicial el jueves pasado de la nueva ordenanza de terrazas parece demostrar que sí. Con sus matices, con sus 18 meses de negociaciones a veces rotas, con un segundo intento amagado, con la mediación a última hora a cargo del PSOE...

Ahora sólo queda que las sugerencias presentadas por los hosteleros y rechazadas en primera instancia por el Pleno sean aceptadas durante el periodo de alegaciones que está a punto de abrirse, tal y como han acordado Horeca y el equipo de Gobierno gracias a la mediación de los socialistas con los hosteleros, pero también con el resto de los colectivos implicados.

¿Y cómo quedarán las terrazas, las calles y plazas, una vez que la ordenanza entre en vigor a principios del año que viene? A renglón seguido repasamos las principales novedades que introduce la normativa:

Accesibilidad plena para todos

La ordenanza garantiza un itinerario peatonal accesible en toda la ciudad dejando libre de obstáculos un mínimo de 1,8 metros, y también garantiza las condiciones de accesibilidad con un paso de tres metros como mínimo en todas las calles para la circulación de vehículos de seguridad y emergencia.

Se garantiza el cómodo acceso a edificios y comercios y no se permite el montaje de terrazas a menos de un metro de la entrada de las viviendas. Tampoco se podrá invadir el carril bici. Además, deberá dejarse una altura libre mínima de 2,20 metros en la instalación de toldos, por ejemplo.

Este punto es tan relevante que la concesión de la autorización de ocupación se condiciona al cumplimiento de la normativa de accesibilidad por parte de los propietarios de los establecimientos.

Control del ruido para garantizar el descanso

Al texto se ha traspuesto toda la normativa andaluza sobre calidad acústica para garantizar el descanso de los vecinos. Además, se recoge la creación de una mesa de seguimiento en la que participarán todos los colectivos que han contribuido a su elaboración. Esta comisión de seguimiento será la encargada de crear un sello de calidad que calificará –o no– a los establecimientos como empresa socialmente responsable, teniendo en cuenta aspectos ambientales, de accesibilidad y en materia de empleo.

Señalización obligatoria

Los hosteleros que disfruten de autorizaciones deberán señalizar exactamente las zonas donde tienen permitida la instalación de mesas, sillas y otros elementos como sombrillas o separadores. Esto facilitará al Ayuntamiento la inspección y control y a los vecinos y hosteleros, verificar si ha habido excesos o no, evitando de esta manera la competencia desleal que a veces practican algunos instalando más mesas de las que tienen autorizadas.

Espacios singulares de uso público mayoritario

La ordenanza recoge espacios singulares en el centro histórico y Puertatierra donde establece la norma de un tercio máximo de superficie ocupada con terrazas y dos tercios para uso público.

Entre estos espacios se recogen plazas como las de Mina, Mentidero y Candelaria, pero también calles como La Palma. El texto incorpora planos informativos de aplicación de este criterio que garantiza la plena accesibilidad en estos espacios sin que se pierdan mesas y sillas en la inmensa mayoría de ellos.

Renovaciones automáticas

La nueva norma incluye mejoras en el proceso de tramitación de las autorizaciones de ocupación. Entre ellas la posibilidad de su renovación automática en aquellos casos en los que no se produzca una variación de las circunstancias sobre las cuales ya se concedieron. Esto evitará la burocracia innecesaria, que se agilicen los trámites y que se descargue de trabajo a las delegaciones municipales.

Habrá que estar al día con la seguridad social

Los hosteleros que soliciten una autorización de terraza tendrán que estar al día de su pagos con el Ayuntamiento, pero también con la Seguridad Social. Esta fue una reivindicación de los sindicatos que han participado en la elaboración del texto y que sin duda actuará en cierta medida como mecanismo de protección de los trabajadores. No obstante, bastará con presentar un certificado de deuda y compromiso y calendario de pago.