La Junta de Andalucía ve el vaso medio lleno con respecto a la Ciudad de la Justicia. La última referencia del consejero del ramo, José Antonio Nieto, en su visita a Cádiz la pasada semana, no supone un paso atrás en el proyecto ni nuevos problemas para su ejecución. Así, al menos, lo defiende la delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, que considera la vía de la financiación público-privada como un “paso adelante” en el desarrollo de este equipamiento judicial que acumula dos décadas de retraso en la ciudad y que no se contempla en los presupuestos de 2024.

Lejos de ver como un problema el notable incremento presupuestario (de 80 millones en que se cifró el proyecto por última vez, a principios de este año, a los 120 millones ahora anunciados por Nieto la pasada semana) Colombo considera una vía factible el recurrir a inversores privados para sacar adelante la Ciudad de la Justicia. De hecho, refiere la delegada a los proyectos similares que ya se realizó en Córdoba, “cuya Ciudad de la Justicia se inauguró en 2018”, o que se va a ejecutar en Jaén.

Esta alternativa en la financiación se vería respaldada por las palabras trasladadas por Nieto en Cádiz, asegurando que ya había empresas interesadas en participar en esa construcción conjunta del equipamiento judicial que, en cualquier caso, no se espera que se inicie en el año 2024 a tenor de los presupuestos. “Prefiero que no aparezca en los presupuestos y que luego se haga”, ha afirmado al respecto Mercedes Colombo, convencida de que “lo que no podemos hacer es engañar a la gente como se ha hecho durante muchos años”.

La delegada del gobierno andaluz ha querido también justificar ese importante incremento económico del proyecto, que tiene como elemento fundamental el aumento de la edificabilidad. Según puso de relieve la Junta de Andalucía en el año 2022, el equipamiento inicialmente previsto no cumplía todas las necesidades de espacio que requiere la Ciudad de la Justicia que necesitaría la ciudad; y para ello, solicitó al Ayuntamiento un incremento de la edificabilidad que después de varios trámites quedaría confirmado hace ahora un año con la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de una puntualización del PGOU.

Fruto de este cambio, la edificabilidad pasaba del 49% establecido inicialmente en el planeamiento urbanístico municipal al 100% pretendido por la administración andaluza, permitiendo pasar de una Ciudad de la Justicia de 20.000 metros cuadrados a la actualmente proyectada de 39.000 metros cuadrados.

A este incremento de suelo aprovechable se le une el tantas veces mencionado en los últimos meses aumento del coste de los materiales de obra, transporte y demás variantes que afectan al presupuesto de una inversión de este calado. Una cuestión que ha provocado la ausencia de ofertas a numerosas contrataciones públicas y que ha obligado a las administraciones a incrementar los precios de licitación; como habría hecho ahora la Junta de Andalucía tras actualizar las condiciones y precios de esta ‘nueva’ o definitiva Ciudad de la Justicia.

Carpetazo a un posible regreso al proyecto de Tolosa Latour

Llegados a este punto, y ante estos precios notablemente incrementados, la delegada del gobierno andaluz se ha mostrado tajante sobre la posibilidad de volver al proyecto original de Ciudad de la Justicia en la calle Tolosa Latour, donde la administración andaluza dispone de un solar de 10.000 metros cuadrados donde se iba a levantar el edificio (lo que se descartó, curiosamente, por su alto coste económico entendiéndose más barato aprovechar un edificio ya existente como ocurre con los antiguos depósitos de tabaco).

“La apuesta es firme en los depósitos de tabaco, y así lo ha ratificado el consejero, que ha dicho que sí o sí se hará la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos”, ha asegurado Mercedes Colombo, que considera que ese emplazamiento es “un acierto por su situación en la ciudad, por su facilidad de acceso, o por el aparcamiento”.

De hecho, ha avanzado Colombo que el suelo de Tolosa Latour “tendrá otro fin pronto”, aunque no ha desvelado qué uso dará la Junta a esta parcela de extramuros que lleva años esperando una definición y que en las últimas elecciones municipales se planteó como espacio para viviendas o como un gran aparcamiento en altura.

Así las cosas, la Junta de Andalucía asegura no renunciar a la Ciudad de la Justicia, sino todo lo contrario, garantizar su viabilidad y su construcción en este nuevo escenario que reflejan el presupuesto de 120 millones de euros y la entrada de inversores privados para hacer posible el equipamiento judicial, que en todo caso se mantiene en los antiguos depósitos de tabaco.