Declaran "en lucha" una finca en Cádiz contra la expulsión sus vecinas, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas

La finca que se sitúa en la Plaza de Falla 3 se ha declarado "en lucha” este martes 27 de mayo frente al emblemático Teatro Falla. Sus vecinas han anunciado que se han organizado junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz para evitar que les expulsen, informan desde esta organización de reciente implantación en la capital gaditana.

“Llevan un año intentando echarnos de nuestras casas, y ahora están recurriendo a obras para hacernos la vida imposible” ha señalado Inma, portavoz de la finca en lucha. El sindicato, que comenzó sus acciones el pasado mes de febrero en Cádiz, de este año, señala a los responsables: “Los intereses inmobiliarios y especulativos del Grupo Abu en Cádiz y la inmobiliaria Ovando Homes, tienen estas consecuencias para las familias trabajadoras gaditanas”, subrayó la portavoz de la organización María Sánchez.

El Sindicato declara que "están anunciando la futura promoción de viviendas de lujo con inquilinos e inquilinas dentro, como si estuviese actualmente el edificio vacío y en ruinas. Es la primera vez que hay gaditanos invisibles dentro de un edificio”, señala con sarcasmo la portavoz del colectivo.

"Obras sin licencia municipal"

Desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz denuncian también que "el Ayuntamiento está permitiendo esta situación, ya que las obras que se han desarrollado y se están desarrollando no cuentan con la licencia necesaria y urbanismo está haciendo oídos sordos a las reclamaciones de los vecinos y vecinas de la finca". Además, "estas han causado ya un accidente a los residentes, puesto que no gozan de los elementos de protección necesarios en una obra. Uno de los puntales mal colocados en el rellano se cayó y golpeó a una menor del edificio en el hombro, aunque por suerte el golpe fue amortiguado por su mochila y no hubo que lamentar lesiones graves. La menor ahora se siente insegura transitando el edificio y sufre de problemas de ansiedad. Accidentes peores podrían darse por el descuido en los elementos de protección que debería haber implementado la constructora".

Además, "este edificio está considerado de nivel de protección 1 en términos de patrimonio, por lo cual se considera que debe tener un alto nivel de protección por las autoridades locales, hecho que no está ocurriendo actualmente. La permisividad del consistorio ante la situación de las obras sin licencia pone en riesgo la integridad física de las inquilinas y el patrimonio histórico de la ciudad".

"La historia de esta finca y de sus habitantes, es la de tantos edificios de Cádiz que acaban siendo saqueados por la especulación y vaciados para personas muy pudientes o directamente, para turistas. La antigua familia propietaria lo vendió a una constructora, que a través del Grupo Abu y la inmobiliaria Ovando Homes, pretenden construir viviendas de lujo a costa de quienes llevan años residiendo en el edificio", señalan desde el sindicato.

"No hay que perder de vista que las inquilinas llevan más de 10 años pagando de forma continua el alquiler. De hecho, no han dejado de pagar a pesar de los intentos de expulsarlas y de bloquearles los pagos. Las inquilinas están depositando el alquiler en una cuenta del juzgado ante la negativa de los propietarios de facilitarles una vía de pago, a pesar de que han insistido en ello", destacan desde la organización.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz sostiene que "esta finca puede convertirse en un símbolo de resistencia frente a los rentistas y la gentrificación que están acabando con los barrios de Cádiz. La presión es insostenible, por eso no nos vamos, nos quedamos. Lo hacemos por Cádiz”, afirma Inma, portavoz de Plaza del Falla 3, y una de las residentes de los tres pisos que se han organizado y aún resisten en el bloque de viviendas.

Desde el sindicato aseguran que han tratado de negociar colectivamente con el Grupo Abu, la inmobiliaria Ovando Homes y la constructora propietaria, pero la única respuesta obtenida ha sido un avance en las obras sin licencia y puntales en los pasillos que impiden el paso ordinario de las personas residentes. La única solución posible pasa por el compromiso de no desahuciar a las inquilinas e inquilinos y una renovación de los contratos de alquiler, concluyen tajantemente.