La máxima responsable de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, valoró ayer que se haya detectado esta posible estafa, aunque insistió en el hecho de que al tratarse de “un tema que está en manos de los jueces lo único que puedo decir es que respetamos lógicamente la acción de la Justicia”.

Mestre admitió la celeridad con la que ha actuado tanto la Fundación como la propia Junta, que “en el momento en el que se tuvo conocimiento de lo ocurrido se procedió como había que proceder que era ponerlo todo en conocimiento de la Justicia y que sea ella quien determine el alcance de la denuncia”. La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz insistió en que se trata de “un delito privado, de un particular y será la Justicia la que determine los detalles sobre cómo se han producido los hechos”.

Además, Mestre quiso dejar claro que “no podemos vincular la propia institución a la comisión del delito porque ha sido el proceder de una persona que a modo particular ha podido cometer este delito”. Ana Mestre sumó a esto que consideraba importante que “la labor y el objeto de la entidad o de la fundación es del todo impecable tal y como han venido demostrando no sólo con hechos sino con resultados”.