La detención en la mañana del pasado martes del secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera, por su supuesta vinculación con los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya ha sido el capítulo final, por el momento, de algo más de una década convulsa en el seno de esta formación.

Además, aún ayer, la propia dirección regional de UGT desconocía los cargos que se le imputan a Mera. A última hora de la tarde de ayer se conoció que hoy jueves pasará a disposición judicial, junto con el resto de los detenidos el martes. El arresto de Mera se produjo, como indicó la Guardia Civil, en el marco de una investigación que apuntaba a "miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y concesión de las subvenciones".

La realidad de lo sucedido en el sindicato provincial ugetista, más allá de su labor de defensa de los derechos laborales, pone de manifiesto los claros y oscuros desde el año 2001. Entonces se conoció que el responsable de la Federación de Educación en UGT (FETE-UGT), Manuel Luis Martín (ya fallecido), dejaba su cargo por decisión del propio sindicato. En aquellas fechas, fuentes de esta formación explicaron que "se habían detectado que las cosas no marchaban bien, que había más gastos que ingresos". Fue sustituido por Manuel Romero.

Poco después, en el verano de 2002, se desarrollaba una operación policial y judicial de nuevo con UGT en el punto de mira. En esa época, el secretario general ugetista era el histórico Carlos Dorante, que permaneció en el cargo una década y dejó su puesto antes de elegir a otro histórico, Pedro Custodio González. El propio Dorante aseguró en más de una ocasión que su marcha del sindicato no tuvo nada que ver con esta operación, aunque lo cierto es que se investigaban cursos de formación que impartió el sindicato durante su mandato.

Ese verano, la Policía dirigida por la Fiscalía de asuntos económicos abría una línea de investigación sobre los fondos que el Ministerio de Trabajo, a través del INEM, y el Fondo Social Europeo destinan a los cursos de formación y que incluía entre sus objetivos la inspección, entre otros, de algunos cursos impartidos en la provincia por UGT.

Esta investigación se unía a la que también abrió la Policía Judicial de la Guardia Civil a mediados del año anterior (2011). En esa documentación se analizaban los curso en un periodo que iba desde el año 1997 a 2001, y se recogían indicios de la existencia de cursillistas ficticios. La Policía interrogó a jóvenes que participaron en cursos de informática en Jerez de la empresa madrileña Fortem, y se hizo a raíz de una petición del propio Forcem (Fundación para la Formación Continua), entidad que estaba compuesta por la patronal y sindicatos mayoritarios.

En mayo de 2010 se produjo otro de los escándalos sonados dentro del sindicato. Se conoció en esa fecha que el recién dimitido secretario general Pedro Custodio González había sido denunciado a la Comisión de Garantías del sindicato por, entre otras cosas, "utilización dolosa de los recursos del sindicato". Aunque Pedro Custodio González no fue condenado por esa comisión interna y aseguró que su marcha se debía a motivos personales, las facturas que se conocieron pusieron en evidencia cargos con la tarjeta de UGT en bares de copas, restaurantes y hasta en estaciones de servicio, en fechas y lugares alejados de cualquier actividad sindical.

Tras su dimisión, se constituyó una comisión gestora en UGT-Cádiz que quedó presidida por quien entonces dirigía la Comisión de Garantías que estudió el caso anterior y que, además, es hoy el nuevo responsable andaluz de esta formación sindical, Francisco Fernández. Recibió críticas de históricos ugetistas gaditanos como Elías Py, quien denunció la apertura de expediente a 14 críticos. Y otro de los críticos, Francisco Sánchez, también puso en tela de juicio la labor de dicha comisión. Sánchez fue el primero que se enfrentó a Salvador Mera en unas elecciones a secretario general. Acabó perdiendo.

Ayer, el propio Francisco Fernández, secretario general de UGT-Andalucía, se refería al caso de Mera. Defendió el "trabajo únicamente sindical" que, a su juicio, desarrolló el secretario provincial de esta organización en Cádiz en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva que tramitó la Junta de Andalucía con cargo a la partida 31L, siendo José María Aznar presidente del Ejecutivo de la nación. Este asunto, según apostilló, contó con "el acuerdo total" del actual presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Gobierno en Andalucía.

Fernández aseguró desconocer los "motivos" por los que su compañero se encuentra "retenido", ya que, según explicó, esta nueva fase de la Heracles está "bajo secreto de sumario", pero subrayó que Mera, en los expedientes de la Cuenca Minera onubense, "lo que hizo únicamente fue un trabajo sindical para buscar una solución" a la situación que atravesaban entonces esos trabajadores y "tratar de favorecer que éstos recibieran una prestación adecuada".

Remarcó que las ayudas que se concedieron en esa comarca contaron "con el acuerdo total del Ministerio de Trabajo, entonces dirigido por Eduardo Zaplana (PP); la Delegación del Gobierno de Andalucía, al frente de la cual estaba Juan Ignacio Zoido; la Junta de Andalucía y los alcaldes".