El control de acceso a los coches en el casco antiguo de Cádiz comenzará a funcionar antes de fin de año

La Zona de Bajas Emisiones estará plenamente activa en Cádiz antes de que concluya este año. Comenzará a funcionar fuera ya de los plazos impuestos por el Ministerio de Transición Energética, como ha pasado con buena parte de los 150 municipios del país obligados a adoptar esta normativa de movilidad urbana.

El Ayuntamiento de Cádiz llega tarde a este proyecto tras alargar durante años el proceso de preparación del mismo. Aún hoy, según se reconoce desde fuentes municipales, todavía no se ha concluido la redacción de la ordenanza que va a afilar el funcionamiento de estas zonas.

Cádiz va a contar con dos grandes espacios acotados al paso de vehículos contaminantes, atendiendo a la normativa europea. Uno se centra en el tramo del Paseo Marítimo entre la glorieta del hotel Playa y Cortadura, aunque esta vía ya es casi peatonal en su totalidad. Otra, sin embargo, supone una clara apuesta por la movilidad urbana al afectar al casco antiguo de la capital, salvo la ronda de circunvalación.

Esta fue una apuesta decidida del anterior gobierno municipal que, sin embargo, tampoco pudo cerrar su desarrollo antes de las pasadas elecciones locales. Se daba así, y se sigue dando ahora, continuidad al proceso de peatonalización que desde la llegada de los ayuntamientos democráticos en 1979 se ha ido desarrollando de forma decidida en intramuros.

La creación de la Zona de Baja Emisiones será el último paso en este proceso. El Ayuntamiento, a través de la nueva ordenanza, tendrá que fijar cómo se podrá acceder en vehículo al casco antiguo.

Por lo pronto ya se han instalado numerosas cámaras de control en otras tantas calles para vigilar el tráfico que entre y si estos vehículos tienen autorización. Inicialmente, el plan permitirá acceder a quienes tienen garaje en el casco, a los centros sanitarios, hoteleros y talleres de vehículos. Así mismo a todos los aparcamientos subterráneos. En todos estos casos el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de aparcamientos, controlará las matrículas de los coches para ver si tienen la preceptiva autorización.

También se incluirá en la normativa cómo se funcionará en el caso de que se necesite el vehículo de personas no censadas en el casco, para trasladar a algún familiar con problemas de salud o movilidad a su domicilio.

En un principio, el Ayuntamiento pretendía imponer un periodo de pruebas de seis meses durante el cual se informaría a los usuarios de las nuevas medidas de acceso y circulación.

Unos meses, seis, sin sanciones (cuya cantidad tendrá que ser definida también en la ordenanza municipal), que ahora se ha descartado, según indican también desde el Ayuntamiento, ya que se va muy justo para la entrada en vigor de estas zonas. El plan inicial era haber iniciado este periodo de prueba el pasado febrero, lo que no se ha cumplido.

El Ministerio ha advertido a los municipios que no cumplan esta norma que no recibirán las subvenciones para el mantenimiento del transporte urbano. Esta circunstancia ha motivado que, al final, el gobierno municipal tenga que acelerar todo el proceso, que comenzaba a entrar en un peligroso letargo.