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Ayuntamiento de Cádiz

El consejo de administración de Cádiz 2012 respalda la gestión de Navarro

  • El concejal recibe el apoyo decisivo del PP para rechazar las acusaciones de Ciudadanos

  • El escrito que se remitirá al Juzgado niega que el presidente haya actuado de manera unilateral

Una imagen de la Casa de Iberoamérica.

Una imagen de la Casa de Iberoamérica. / Germán Mesa

El consejo de administración de Cádiz 2012 ha respaldado la gestión de su presidente, David Navarro, ante la denuncia presentada por Ciudadanos por un presunto caso de prevaricación y malversación que ha motivado la apertura de diligencias del Juzgado de Instrucción, como adelantaba ayer este periódico. La convocatoria celebrada este mediodía ha reafirmado la actuación de Navarro frente a las acusaciones de Ciudadanos; y lo ha hecho, curiosamente, con el apoyo a la gestión del presidente de los representantes del Partido Popular, y el rechazo del PSOE.

La sociedad municipal remitirá, pues, respuesta al Juzgado asegurando que son los órganos de gobierno y no el concejal que preside la entidad los que aprobaron en su día –y por unanimidad– la cesión gratuita de la Casa de Iberoamérica a delegaciones municipales y entidades sin ánimo de lucro, añadiendo además que en Cádiz 2012 “bajo ningún concepto existen ingresos no percibidos”.

Según han informado fuentes municipales al término de la reunión, el consejo de administración informará a los tribunales que en ningún caso se han cedido espacios “por decisión exclusiva o personal de Navarro, ni tampoco se ha dispensado de cobrar tarifas establecidas por decisión personal o unilateral de David Navarro”. De hecho, se precisa que fue en sesión celebrada el 24 de febrero de 2016 cuando el consejo de administración aprobó dar a la Casa de Iberoamérica “un uso institucional, social y cultural sin cobrar tarifas, ya que para estos casos el cobro iría en contra del fomento de estas actividades culturales”.

Siguiendo con esta argumentación, se indicará al Juzgado que Cádiz 2012 tiene encomendada la gestión de la Casa de Iberoamérica (entre otros espacios culturales de la ciudad) y que el Ayuntamiento en ocasiones se reserva su uso directo, al ser propietario del inmueble y del 100% de esa sociedad. Y respecto a las tarifas aplicables, indican que están establecidas “para entidades externas de carácter privado, pero, como es lógico, no se aplica a las actividades realizadas o gestionadas por las delegaciones municipales, organismos, fundaciones o, en definitiva, aquellas que son del propio Ayuntamiento”.

Defiende el consejo de administración, por tanto, que las cesiones de este inmueble y el cobro o no de las tarifas establecidas “han sido debidamente aplicadas a las entidades privadas que han hecho uso de ellas, y así se ha recogido en las cuentas anuales debidamente auditadas al efecto”. “Las cesiones han sido aplicadas siguiendo los criterios del Ayuntamiento o del consejo de administración, y así las ha aplicado David Navarro en lo que corresponde a la sociedad como presidente de la misma”, afirma el consejo en el escrito aprobado ayer con el respaldo del PP.

Estas argumentaciones rechazan por completo las acusaciones de Ciudadanos, que denunció a David Navarro por presuntos delitos de prevaricación y malversación asegurando que se estaba eximiendo del pago de las tarifas habilitadas a unas entidades y no a otras en base a la decisión personal del presidente, que no tiene facultades para ello en los estatutos de la sociedad.

El PSOE votó en contra del informe que se remitirá al Juzgado y que respalda la actuación de Navarro frente a la denuncia de Cs

Llegó a cifrar Ciudadanos en 116.039 euros la partida económica que dejó de ingresar Cádiz 2012 en los años 2016 y 2017 por no cobrar las tarifas acordadas. “Las cuentas han sido auditadas y en ningún caso se recoge que sea obligatorio enumerar las diferentes actividades o actor realizados como ingresos a percibir en el ejercicio, salvo los realmente cobrados y reflejados en las cuentas anuales”, responde al respecto el consejo de administración.

Además, en la respuesta que se remitirá al Juzgado se indica que las cuentas han sido elevadas al consejo de administración así como a la junta general de la sociedad, previa auditoría externa que no recogió objeción alguna. “Por ello, distintos organismos incluida la Intervención municipal son plenamente conocedores de la situación y del cobro realizado”, añaden.

Con estos argumentos que se remitirán ahora al Juzgado, el consejo de administración desmonta –con el voto favorable del equipo de gobierno y el PP y el rechazo al informe por parte del PSOE– las acusaciones realizadas por Ciudadanos que motivaron la apertura de diligencias previas.

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