Una de las jugadas estrella del pacto suscrito entre el equipo de gobierno y el PSOE de cara al Pleno de Organización del actual mandato corporativo fue repartirse los cuatro puestos del consejo de administración (dos para cada grupo) de la empresa Eléctrica de Cádiz. Con esta decisión refrendada en el pleno celebrado el martes se conseguía, por un lado, lanzar un mensaje de castigo contra el Partido Popular por esa obstrucción de la que se le acusa a la hora de poner en marcha el bono eléctrico, y por otro lado, se aseguraban una mayoría política en el consejo de administración para buscar la medida de hacerse definitivamente con la fundación Eléctrica de Cádiz, herramienta fundamental para la puesta en marcha del bono social.

No obstante, esta segunda aspiración del equipo de gobierno y los socialistas no parece que vaya a ser tan fácil. Los estatutos de la fundación Eléctrica de Cádiz, creada en 2011, establecen claramente que se trata de un ente completamente autónomo e independiente. “De hecho, la única relación que existía con la empresa es que anualmente aportaba 30.000 euros a la fundación para su actividad, y desde la llegada de Podemos se cortó esa aportación; llevan cuatro años sin dar absolutamente nada”, explica al respecto el todavía presidente de la fundación, José Blas Fernández.

Según establecen los estatutos de esta entidad, serían los mismos patronos de la fundación los que tendrían que decidir el nombramiento de los nuevos, o incluso la reelección de los actuales. Así lo dice el artículo 14, que establece que la designación de nuevos miembros “será competencia del patronato que figure inscrito y por mayoría”.

Ese patronato sigue, a día de hoy, formado por José Blas Fernández como presidente, Antonio Ortiz (que era secretario general del Ayuntamiento, ya jubilado), Ernesto Martínez (técnico municipal también), Mercedes Colombo (ex concejal), Carlos Alés (representante de Endesa) y José Luis Berrendero (por parte de Unicaja, aunque sí presentó su dimisión), completando el gerente de Eléctrica, que hacía las veces de secretario, y el asesor jurídico de la propia empresa.

“Nosotros incluso podemos decidir, en un momento dado, la extinción de la fundación sin tener en cuenta a la empresa ni al Ayuntamiento ni a nadie”, llega a aseverar el ya exconcejal popular. Eso conlleva, precisamente, a que una de las salidas a ese bono social eléctrico ansiado por el gobierno de Podemos sea la creación de una nueva fundación ajena a la que sigue presidiendo José Blas Fernández en la actualidad.

No obstante, asegura el presidente de la fundación que “estoy deseandito soltarla”, mostrándose dispuesto “a todo”. “Estoy esperando a que se sienten conmigo”, insiste, recordando los numerosos episodios “de escraches que he sufrido en el Ayuntamiento y en la calle en estos últimos tiempos, únicamente por no estar dispuesto a asumir ningún fraude”.

De hecho, asegura José Blas Fernández que hasta el momento no ha convocado un proceso de renovación del patronato de Eléctrica “porque estaba a la espera de la resolución relativa al bono social”. “Debo recordar que el PP votó a favor del bono social en el consejo de administración de Eléctrica, e incluso que yo firmé un primer convenio con el alcalde. Lo que ocurre es que cuando hubo que hacer un segundo convenio, presumimos la ilegalidad del asunto. Y en la consulta vinculante que hicimos, y que Eléctrica de Cádiz hizo igualmente, nos dijeron que efectivamente la fórmula que pretendía implantar el equipo de gobierno no es posible”, explica.

“Lo que Podemos quería hacer con el bono social es recuperar mediante la desgravación de la fundación las facturas que no podían pagar aquellos clientes con menos recursos. Lo que viene siendo una flagrante ilegalidad, como así ha establecido la Dirección General de Tributos”, traslada Fernández, que además señala que el acuerdo para la puesta en marcha del bono social en el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz “no contaba con el apoyo de las tres cuartas partes, como establecen los estatutos”.

Con todo, el exconcejal insiste en que espera la llamada del nuevo equipo de gobierno “para sentarnos, ver el asunto y llegar a un acuerdo para el que no tengo ningún tipo de problemas”.