El caso Romaní sigue adelante. La juez instructora ha dictado una resolución, a instancias de la fiscalía, por la que desestima la petición de sobreseimiento tanto del concejal popular y ex presidente de Aguas de Cádiz como del director de su tesis doctoral, Carlos Guillén, y decide continuar con la investigación por el pago continuado a un observatorio creado por el propio Guillén y que se benefició de unos pagos de 42.000 euros de la empresa pública a cambio de unos informes que la acusación considera que no han sido acreditados.

El observatorio de Guillén, además, utilizaba en sus inicios la marca de la Universidad de Cádiz, pese a que la Universidad ya ha remitido al juzgado un escrito afirmando que desconocía por completo su existencia y, por extensión, su acuerdo con Aguas de Cádiz durante la presidencia de Romaní.

Esta decisión se produce en plena campaña de las elecciones municipales. Ignacio Romaní se presenta como número cuatro por las listas del PP y su defensa la lleva personalmente el candidato popular a la alcaldía, Juancho Ortiz.

La fiscalía consideraba que "debe procederse a tales efectos a la práctica de más diligencias de investigación al no haberse aclarado los extremos contenidos en la denuncia que da origen a la presente causa y que han de ser objeto de las oportunas averiguaciones y comprobaciones". 

La juez ha considerado oportuna esta petición, que era lo que también sostenía la acusación particular que representa al grupo de Podemos en el Ayuntamiento. Por su parte, el grupo socialista, que evitó que fuera Aguas de Cádiz quien presentara la denuncia, llevó los hechos ante la fiscalía para que desde esta instancia se valoraran los presuntos hechos irregulares en la relación entre la empresa pública y el organismo de carácter privado creado por el profesor Guillén especializado, al parecer, en responsabilidad social empresarial, que era sobre lo que versaba la tesis doctoral de Romaní.

Esta serie de sospechosas coincidencias quiso ser rebatida por el escrito presentado ante el juzgado y firmado por Juancho Ortiz, candidato del PP a la alcaldía, como abogado de Ignacio Romaní, y en el que se solicitaba el archivo de las actuaciones.

En este escrito Ortiz hablaba de “animadversión, no sólo política, sino también personal” por parte de los denunciantes hacia su cliente. Ortiz trató de desbaratar los delitos que la acusación apreciaba en la actuación de Romaní: malversación, defraudación a ente público, prevaricación, cochecho y falsificación. Para ello se incluyen declaraciones del gerente de Acasa, que afirmó que el trabajo “de haberse realizado”, era muy interesante para la empresa y que consideraba “inexactas las informaciones de prensa” y que “él creía que durante el mandato de Romaní no hubo ninguna irregularidad”. También el gerente en aquella época aseguraba que nunca recibió órdenes de Romaní para que se realizara ese pago. Además escoge una parte de la declaración del inspector general de servicios de la UCA, que afirmó que no existía relación entre la tesis y el supuesto trabajo de Guillén para Aguas de Cádiz.

La juez ha dejado a un lado esto argumentos y ha tenido en cuenta la petición de la fiscalía de que el caso debe de seguir investigándose.