El Tribunal de Cuentas reclama al Ayuntamiento de Cádiz control sobre las asignaciones a los grupos políticos

Los grupos municipales representados en el Ayuntamiento se llevan una considerable cantidad de dinero cada año, aunque se abona por meses; una partida económica que aprueba el propio Pleno al inicio de cada mandato y que sobre el papel se destina al sostenimiento de la actividad que realizan, ya sea en el gobierno o en la oposición. El Tribunal de Cuentas ha puesto su mirada sobre estas ayudas o asignaciones, desvelando en un informe ahora conocido numerosas carencias relativas al año 2022 (que es el ejercicio que ha analizado este órgano).

Varios son los llamamientos, advertencias o consideraciones que el Tribunal de Cuentas realiza respecto al Ayuntamiento de Cádiz, después de estudiar el escenario en el que se mueven todas las administraciones locales de las capitales de provincia (50 en total).

En primer lugar, señala el tribunal que el Ayuntamiento “ha desarrollado en su normativa la regulación de las dotaciones a los grupos políticos de manera insuficiente”, echando en falta esa ampliación de la regulación “que facilite el adecuado empleo, justificación y control de la dotación y en el que se detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles, y si, entre ellos, se permiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos y, en su caso, la forma de justificarlas”. De igual modo, señala la carencia de una “exigencia de los reintegros que procedan por falta o inadecuada justificación de los gastos o por los remanentes no gastados”.

En segundo lugar, indica el tribunal que el Ayuntamiento “no utiliza criterios objetivos para la cuantificación de la asignación a los grupos municipales ni tiene en cuenta los costes de funcionamiento de aquellos para el establecimiento de la dotación”. Señala también la ausencia de justificación por parte de los grupos políticos respecto a esas cantidades. Y en último lugar apunta que el Ayuntamiento “no dio publicidad a las asignaciones económicas a favor de los grupos municipales a pesar de la naturaleza de subvención pública” que tienen esas dotaciones económicas.

Por todo ello, advierte el Tribunal de Cuentas que esta falta de control sobre las asignaciones a los grupos políticos, tanto por parte del Pleno municipal como de la Intervención, “supone un riesgo de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la normativa”.

De hecho, señala el Tribunal de Cuentas que el Pleno acordó en febrero de 2021 (y fue a propuesta del entonces equipo de gobierno de Adelante Cádiz) “que los grupos municipales rindan cuentas de a qué destinan la partida económica que perciben cada mes”, requiriendo las liquidaciones de aquel mandato (es decir, los ejercicios de 2019 y 2020, en aquella fecha). Cuentas que en la fecha de realización del informe no se habían recibido. De hecho, explica el tribunal que se solicitó a los grupos las cuentas justificativas de 2022 y las cuentas de fin de mandato, “habiéndose remitido únicamente por un grupo municipal”.

Hay que tener en cuenta que esta revisión la realizó el tribunal respecto al ejercicio de 2022, cuando en el Ayuntamiento se contabilizaban hasta cuatro grupos municipales (Adelante, PP, PSOE y Ciudadanos) y un miembro no adscrito que, a diferencia de otros ayuntamientos, en Cádiz no tiene asignación económica estipulada -lo cual, de hecho, fue denunciado en reiteradas ocasiones por el concejal Domingo Villero-. Para el sostenimiento de estos grupos destinaba el Ayuntamiento 449.980,80 euros anuales, repartidos entre la partida fija a cada grupo y la variable por cada concejal.

El Ayuntamiento se defiende con una instrucción técnica aprobada en junio

La principal defensa del Ayuntamiento respecto a estas consideraciones se centra, principalmente, en una instrucción técnica que el Pleno municipal aprobó el pasado 30 de junio (es decir, nada más entrar el actual gobierno de Bruno García) y que hace referencia a diversos aspectos relacionados con la gestión y control de esas asignaciones a los grupos municipales. Así ahora se requiere que esos grupos tengan NIF y cuenta bancaria propios, independiente de sus partidos; “el detalle de los gastos asociados al funcionamiento, el contenido de la cuenta justificativa, el procedimiento de justificación, la revisión por la Intervención, la información al Pleno y la publicidad de las aportaciones”.

Es más, esa instrucción técnica que actualmente está en vigor prevé también que en caso de se deduzca que los ingresos percibidos por el grupo son superiores a los gastos, “la diferencia quedará pendiente de justificación, debiendo ser reintegradas al Ayuntamiento al final del mandato”. Cosa que, hasta la fecha y como señala el propio Tribunal de Cuentas, no ha sucedido.