El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Cádiz por la remunicipalización de los servicios de limpieza de playas. El Consistorio ya había ganado en primera instancia y, por lo tanto, ha tumbado de nuevo en los tribunales el recurso que puso en su día la Subdelegación del Gobierno cuando estaba dirigida por el Partido Popular.

Este contencioso había puesto en una situación curiosa al actual subdelegado del Gobierno, el socialista José Pacheco. Este votó a favor de la remunicipalización cuando era concejal del Grupo Municipal Socialista pero se encontró cuando accedió a la institución estatal con el primer fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que era contrario a la petición de nulidad del acuerdo de Pleno del 26 de mayo de 2017 que había solicitado la Subdelegación. Esta también había presentado otro contra el mismo proceso que se había realizado en Chiclana y, al contrario de lo que ocurrió en la capital gaditana, fue anulado un mes antes de la sentencia de Cádiz.

José Pacheco mostró en su día su satisfacción por esta sentencia porque había votado favor en el Ayuntamiento y, por lo tanto, pidió a la Abogacía del Estado que no recurriese. Sin embargo, en noviembre se presentó el mismo desoyendo al subdelegado ya que una vez que se había iniciado el proceso, la decisión de continuarlo o no correspondía a la Abogacía del Estado y no era una decisión política. En todo ello también tuvo influencia en que se había producido una disparidad de criterio con el caso de Chiclana.

La estrategia la había vertebrado la Abogacía del Estado en torno a varios elementos, pero uno de ellos era por unas disposiciones adicionales que aparecían en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Estas venían a impedir que las plantillas que trabajaban en los servicios que se pretenden rescatar se incorporaran a la administración bajo ninguna de las figuras que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, el Tribunal Constitucional echó para atrás esas dos disposiciones y, por lo tanto, el subdelegado volvió a dirigirse a la Abogacía del Estado porque consideraba que se había producido un cambio jurídico que podría aconsejar desistir del recurso presentado sin caer en la arbitrariedad que advierte la norma. De todos modos, ésta decidió seguir adelante con el recurso que ahora ha venido desestimado con la sentencia del TSJA.

Precisamente en esta sentencia se refleja lo recogido por el Constitucional, de tal manera que textualmente establece que “los motivos de impugnación articulados por el abogado del Estado, relativos a las limitaciones contenidas en las Disposiciones Adicionales 15 y 26 de la Ley de Presupuestos para 2017, carecen ya de soporte normativo”.

Este es uno de los dos procesos que se recurrieron, ya que también se llevó al TSJA el de la remunicipalización de los servicios de socorrismo y salvamento, que también pasaron a estar gestionados por la sociedad municipal Cádiz 2000. Son dos procesos iguales y, por lo tanto, con casi total seguridad el fallo del TSJA vendrá en los mismos términos que esta de la limpieza de las playas.

A pesar de que existe la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al haberse desmontado los argumentos de la Abogacía del Estado, el asunto se quedará en esta instancia y, por lo tanto, la remunicipalización tendrá total validez.

Por otro lado, el fallo el TSJA admite algunas dudas y, por lo tanto, no se le ha interpuesto las costas al recurrente, en este caso la Subdelegación del Gobierno.