El juicio por el caso Quality Food, un procedimiento abierto hace más de dos décadas por malversación de caudales públicos en la Zona de Franca de Cádiz para, supuestamente, favorecer los intereses de una empresa de alimentación, se queda sin fecha de celebración.

En un principio, estaba previsto que el juicio tuviese lugar a principios de este mes de junio en la Audiencia Provincial de Cádiz, si bien los problemas de salud de uno de los abogados personados en la causa ha obligado a suspender la vista, que, de momento, no tiene nueva fecha.

El enero de 2024 el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio a los condenados en el caso Quality Food tras estimar el recurso de casación presentado por uno de los tres condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz en el año 2019.

Estos fueron Manuel García Gallardo, fundador de la empresa alimentaria, condenado a diez años de prisión por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida; Víctor Ocaña Ferreira, ex director de una sucursal del BBVA donde García Gallardo tenía cuentas, condenado a la pena de cuatro años de cárcel; y Ana Gallardo Ramírez, madre de Manuel García Gallardo, condenada sólo en materia de responsabilidad civil, no penal.

La repetición del juicio no afecta a los otros tres acusados que quedaron absueltos: el que fue delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna; su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani; y Rafael Borrego, que tenía supuestamente un papel de testaferro en una de las sociedades de García Gallardo.

El Supremo ordenó repetir la vista al considerar que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz, encargado de juzgar el caso Quality, debió admitir (y no lo hizo) una prueba pericial sobre un informe de valoración. Concretamente, a García Gallardo le fue rechazado un informe pericial realizado por KPMG Asesores S.L., una prueba que el Alto Tribunal consideró que era "pertinente, necesaria y relevante", por lo que su inadmisión durante las cuestiones previas desembocó en la posterior vulneración de su derecho de defensa.