La Audiencia Provincial ha absuelto al que fuera delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, en el caso de Quality Food. También ha resultado absuelto José Manuel Fedriani, que era jefe de gabinete de Miguel Osuna.

La sentencia ha condenado por otra parte a diez años de prisión al empresario y fundador de la compañía, Manuel García Gallardo, y a cuatro años a un exdirector de una sucursal del BBVA, Víctor Ocaña.

El resto de acusados en el caso también han quedado absueltos. Entre ellos, la madre de Manuel García Gallardo, Ana Gallardo Ramírez y Rafael Borrego, administrador de alguna sociedades de García Gallardo.

El tribunal condena a cuatro años a Gallardo por un delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad en documento mercantil, así como a tres años de prisión por apropiación indebida en concurso real con falsedad documental y otros tres años por dos delitos de apropiación indebida agravada, un año y medio por cada uno. Además, también tendrá que indemnizar a la empresa con 594.828,89 euros.   

En cuanto a Víctor Ocaña ha sido condenado a cuatro años por ser autor material de un delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad en documento mercantil. 

En todas las condenas se han tenido en cuenta las dilaciones indebidas por la tardanza en la instrucción del caso. 

La sentencia cuenta con el voto particular del presidente de la sección tercera, Manuel Grosso, que muestra su discrepancia sobre la absolución de Miguel Osuna como autor del delito de malversación, decisión que se extendería también a Manuel García Gallardo. 

El juicio de Quality Food se celebró el pasado marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde declararon los seis acusados y numerosos testigos, y se prolongó durante aproximadamente un mes. 

En este juicio se puso sobre la mesa si en el proceso de adquisición de acciones de Quality Food por parte de Sogebaq, una empresa que pertenecía al holding de la Zona Franca, hubo irregularidades, entre ellas si se pudo ocultar información al comité ejecutivo del Consorcio, que se compraran los títulos a un precio muy superior del que realmente valían, y si por parte del entonces propietario, Manuel García Gallardo, se produjo una estafa y se engañó a la Zona Franca, tal y como mantuvo el acusado Miguel Osuna, que era delegado del Estado de la Zona Franca cuando se realizó esta operación.