Juicio del caso Quality Las claves de Quality Food

  • El acuerdo del 23 de diciembre de 2003 por el que la Zona Franca se hace con la mayoría de la empresa es el eje que mueve el caso que se juzga ahora

Miguel Osuna aparece detrás de la puerta de la Audiencia Provincial. Miguel Osuna aparece detrás de la puerta de la Audiencia Provincial.

Miguel Osuna aparece detrás de la puerta de la Audiencia Provincial. / Lourdes de Vicente

El juicio de Quality Food ya ha cumplido su ecuador una vez que han declarado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial los seis acusados y numerosos testigos. A partir del lunes se iniciarán las periciales y la última semana será para las conclusiones finales.

En estas dos primeras semanas se ha podido ver algunas cuestiones: la primera es que el asunto es tan complicado que hasta el propio tribunal, la Fiscalía y algunas de las partes tienen dificultades para seguirlo. La segunda es que se está juzgando unos hechos que tuvieron lugar hace más de 15 años, por lo que algunos testigos tienen incluso dificultades para recordar con precisión los asuntos. Hay varios temas que están resultando la espina dorsal de este proceso.

¿Por qué entra la Zona Franca en Quality Food?

Quality Food era una empresa tan joven como famosa a principios del siglo XXI. Esta compañía de alimentos preparados pronto empezó a salir en los medios de comunicación y era reconocida como un modelo de éxito. Su fundador, Manuel García Gallardo, acusado en el juicio, ha mantenido en su declaración que era una empresa importante y con un gran futuro. Sin embargo, el entonces delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, señaló que cuando adquirieron la mayoría de las acciones para tratar de salvar los puestos de trabajo, según su versión, se encontraron una situación mucho peor de la que pensaban. Tanto que se tuvieron que hacer frente a pagos que se creían que estaban hechos. Zona Franca se hizo con el 52% de las acciones después de que García Gallardo pidiera una nueva ampliación de capital porque la empresa iba a entrar en suspensión de pagos, según la versión de Osuna.

El acuerdo del 23 de diciembre de 2003

Esta es la fecha clave de todo el proceso. Ese es el día en el que se celebra un comité ejecutivo de la Zona Franca y donde se decide hacerse con la mayoría de las acciones. La tesis de Osuna era muy simple: “Si yo pongo el dinero, yo pongo las condiciones”. Ahí se establece hacer esa ampliación de capital. Hay un acuerdo con Manuel Gallardo con una fórmula que fue propuesta por uno de los abogados del Estado por el que se decide que se hagan dos informes de valoración que deben hacerlos empresas de reconocido prestigio en el sector. Una de ellas la debe elegir la Zona Franca y la otra la familia García Gallardo, pero estos no ejercen su derecho, por lo que la Zona Franca encarga las dos, una a Ernst & Young y la otra a Price Waterhouse. Lo que saliera entre las dos, se aplicaba la media y ese sería el valor reconocido. Además, se aplican unas cláusulas por la que se establece que cualquiera de las partes puede hacerse con el cien por cien de las acciones. Si lo hace García Gallardo, tendría que devolver todo el dinero que hubiera puesto Zona Franca. Si fuera al contrario, el Consorcio pagaría por las acciones, pero en el caso en que el valor fuera inferior a los ya puesto por institución pública, se quedaría con todas las acciones sin poner un euro más ya que sería como compensación de todo lo que había puesto durante año y medio.

El problema de las valoraciones

Zona Franca puso una demanda en lo mercantil en el año 2005 para reclamar el cien por cien de las acciones. La sorpresa es que García Gallardo demandó que uno de los informes de valoración de la empresa, el de Ernst & Young, no era tal sino uno de constatación de hechos. El juez decide encargar uno nuevo y, tal y como han dicho los abogados del Estado en el juicio, sabían que ese momento se torció el proceso porque las proyecciones que había estaban basadas en un Plan de Expansión encargado por Quality Food cuando era dominada por su fundador, que reflejaba un crecimiento desmesurado para la situación económica que tenía la empresa. El final fue calamitoso para el Consorcio. Zona Franca tenía que pagarle 13 millones de euros a García Gallardo. Este sostiene que el pleito penal se produce para dilatar y no tener que pagar ese dinero, ya que se encuentra en suspensión hasta que no haya sentencia firme en este.

Las incógnitas que quedan por resolver

Hay varias incógnitas. Una la del famoso certificado bancario que aportó Manuel García Gallardo como comprobante de que había puesto dinero para una ampliación de capital y que no tuvo reflejo contable en la empresa. Otro si Miguel Osuna había ocultado un informe de valoración de Isasa Gallery que se vio en un consejo de administración de Quality. En su defensa está que el acta no está firmada y, por lo tanto, no se demuestra que Osuna estuvo allí. También está el dinero que se movió entre las empresas de Quality en tiempos del fundador y que finalmente salía, presuntamente a unas compañías fuera del grupo y que también estaban controladas por Gallardo.

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