De Sant Jaume al penal portuense

El 6 de octubre de 1934 el gobierno de la Generalidad de Cataluña proclamó el Estado Catalán y su presidente, Luis Companys, pidió a los ciudadanos que se levantaran en armas contra el Gobierno de la República.

El presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, se dirigió por radio a todo el país para explicar la situación y anunciar la declaración del estado de Guerra.

El intento es rápidamente abortado. A las 7 de la mañana del día siguiente, las tropas y guardias de asalto de la República Española, a las órdenes del general Batet, cumpliendo instrucciones del Gobierno de Madrid, entran en el Palacio de la Generalidad y detienen a Companys, mientras que algunos consejeros huyeron hacia el extranjero.

En enero de 1935, el presidente de la Generalidad y sus consejeros ingresaron en la cárcel de Madrid procedentes de la de Barcelona, a la espera de juicio.

El 4 de junio de 1935 se hizo pública la sentencia contra los políticos del Gobierno catalán acusados de rebelión como consecuencia de la declaración del Estado catalán. Treinta años de reclusión para Companys y cada uno de los consejeros. El texto añadía que esa declaración no solamente supuso quitar a las Cortes y al presidente de la República sus prerrogativas o facultades, sino que implicaba transformar una región autónoma en federativa. Como recoge Diario de Cádiz en su edición de tarde, el domingo 24 de junio de 1935, a las doce de la mañana, se efectuó el traslado desde la cárcel Modelo de Madrid a los penales de Cartagena y El Puerto de Santa María del presidente de la Generalidad Companys y de los consejeros Ventura Gassol, Esteve, Mestre, Comorera, Lluhi y Morera.

Ocupaban los penados cuatro coches de la Dirección de Seguridad dispuestos para este servicio. Para el traslado se adoptaron muchas precauciones, una de ellas consistió en salir la caravana por otra carretera distinta a la que se había anunciado.

Los automóviles al llegar a Ocaña se dirigieron tres de ellos a Cartagena y otros tres al Puerto de Santa María. En los primeros iban los consejeros Esteve, Ventura, Maestre y Gassol, así como los agentes de policía que les custodiaban. El ingreso de estos reclusos, al igual que los de Companys, Comorera y Lluhí, en el penal del Puerto, se efectuó sin ningún percance.

En cumplimento de la amnistía decretada por el Gobierno que presidía Manuel Azaña, en febrero de 1936, fueron puestos en libertad los consejeros de la Generalidad que se encontraban cumpliendo condena en El Puerto.

El alcalde de Cádiz, Manuel de la Pinta, y el resto de concejales del Ayuntamiento del Frente Popular acordaron entre sus primeras medidas ofrecer una recepción a los políticos catalanes una vez abandonaran el recinto carcelario.

El 22 de febrero de 1936, este periódico informaba de un telegrama enviado a Luis Companys que fue contestado rápidamente aceptando dicho honor. Sin embargo, el presidente de la Generalidad y los consejeros, una vez abandonada la prisión, salieron urgentemente hacia la capital de España y no pudieron acudir a la recepción municipal. En su marcha hacia Madrid, en coches particulares, fueron despedidos por numerosas personas.