DEMASIADO se estaba tardando en politizar el grave problema del abastecimiento de agua que están sufriendo los más de 10.000 vecinos del gaditano barrio de Loreto desde hace ya más de una semana. Siguiendo el hilo de las declaraciones de la Junta publicadas por Diario de Cádiz en su edición del domingo, en las que se rechazaba una apertura del suministro por sectores, como pretendía el Ayuntamiento, el gobierno municipal convocó una rueda de prensa en pleno domingo para trasladar su malestar con la administración regional, a la que ya acusaba de retrasar la vuelta de la normalidad al barrio. Como no podía ser de otra forma, todo lo que tocan en común Junta y Ayuntamiento en la capital acaba en enfrentamiento dialéctico.

El problema es que no estamos hablando del carril bici, el museo del Carnaval o los adoquines del Campo del Sur. El problema es que estamos hablando de un servicio básico para la ciudadanía, aquel que debería de estar garantizado en cualquier momento y lejos de cualquier enfrentamiento político.

Estamos hablando de 10.000 personas que no tienen agua potable en sus casas desde hace más de una semana y que, tal y como van siendo los resultados de los análisis, aún podrían estar así unos días más hasta que se normalice totalmente la situación en el barrio.

Estamos hablando de familias, muchas con niños y otras formadas por ancianos con problemas de movilidad, que están sirviéndose de cubas instaladas en plena calle, en camiones, o gastando en botellas de agua cuando, muchas, van siempre con lo justo para terminar el mes.

Estamos hablando de familias que pagan sus impuestos, entre ellos el del agua, y que tienen que ducharse o en casa de sus familiares (siempre que éstos no residan en el propio Loreto) o en las instalaciones deportivas habilitadas para ello por el Ayuntamiento.

Todas estas familias, y el resto de la ciudad, miran con estupor el enésimo enfrentamiento político entre la Junta y el Ayuntamiento.

Difícilmente comprenderán por qué ambas administraciones no son capaces de trabajar de forma conjunta para solventar un problema cuyo arreglo no se tendría que haber dilatado más que por unas horas. No vale que ahora se diga que había buena conexión entre los técnicos de las dos partes. También pasaba lo mismo en todo lo referido a la rehabilitación del casco antiguo y los problemas existían. Y existirán mientras que los políticos se sigan inmiscuyendo en estas cuestiones.

Es lógico que el Ayuntamiento pretenda restablecer cuanto antes el abastecimiento de agua en Loreto, aunque sea por sectores; y es lógico que la Junta exija las máximas garantías para evitar nuevas incidencias. A partir de ahí ¿no son capaces de lograr un acuerdo que acelere la solución al problema, con las máximas garantías de consumo?, ¿cómo es que el gobierno municipal se entera por el Diario de la postura de la Junta respecto a las aperturas por sectores?, ¿acaso no se ha hablado con ellos sobre esta cuestión, ni se le ha comunicado nada desde la Junta?

A final, se traslada a la ciudadanía un nuevo conflicto político que les toca de lleno a todos ellos (lo cual no ayuda a mejorar la imagen de éstos). La conversación que ayer tarde tuvo la alcaldesa con la consejera de Salud, de la que informó el Ayuntamiento, ¿no se podría haber planteado antes?

En definitiva, un problema ciudadano, grave ciertamente, que podría haberse encauzado por todas las partes con lógica, con consenso y con el único objetivo de favorecer a los vecinos afectados, se ha dilatado en el tiempo de forma absurda.

Los vecinos de Loreto están soportando esta situación con una paciencia digna de elogio. Las acciones de protesta de este pasado fin de semana, con cortes en las avenidas de la ciudad, se han desarrollado con serenidad y calma, evitando que los grupos radicales que utilizan este tipo de protesta para organizar conflictos callejeros tomasen las riendas de la protesta. Si al final el corte del suministro se alarga en el tiempo, sólo queda pedirles que mantengan este equilibrio entre la queja y la cordura como ciudadanos, bastante superior a la que han demostrado varios de sus políticos, de dentro y fuera de la capital.

Más allá de estas divergencias, es necesario hacer una reflexión sobre la imagen que está dando Cádiz como ciudad por esta crisis, especialmente tras cebarse sobre ella los medios audiovisuales nacionales.

Una capital que busca la modernidad en sus servicios y el bienestar de sus ciudadanos, no puede permitirse ofrecer esta imagen tercermundista. Si nos gastamos 70 millones de euros de dinero público en un campo de fútbol que no era necesario, si nos gastamos 500 millones de euros de dinero público en construir un nuevo puente (necesario, sí, pero abusivo en su coste), deberíamos de tener capacidad como ciudad para contar con los servicios públicos más elementales en condiciones. 

Para evitar el sonrojo de todos, bien se podrían eliminar los carteles de 'Cádiz, la ciudad que funciona' que pueblan los carteles publicitarios desperdigados por todo el término urbano. Por lo menos, hasta que de verdad funcione.