En el Obispado de Cádiz no hay constancia, ni se ha tramitado ni hay denuncia alguna respecto a posibles abusos sexuales a menores. La oficina que la Diócesis puso en marcha hace ahora dos años precisamente para denunciar este tipo de casos, y que se gestiona de manera conjunta con las diócesis de Huelva y de Sevilla, no ha recibido ninguna denuncia en estos 24 meses de funcionamiento, según aseguran desde el propio Obispado.

La Iglesia puso en marcha esa oficina de denuncias, siguiendo así directrices de la Conferencia Episcopal Española (y esta, a su vez, del Vaticano) para “facilitar y asegurar que las noticias o las denuncias sobre posibles actos realizados por clérigos, miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica, que pudieran ser constitutivos de delitos relacionados con abusos sexuales, sean tratadas en tiempo y forma, de acuerdo con la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las partes implicadas”. Y también para abordar “las denuncias por acciones u omisiones de obispos y otras personas equiparables, dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles, canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o religioso”.

En medio del debate que a nivel nacional ha suscitado la propuesta del Gobierno central de activar una comisión de investigación sobre los abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia, la Diócesis de Cádiz sigue sin registrar denuncia alguna por estos posibles delitos ni tampoco ha abierto expediente sobre ningún posible caso.

Por tanto, tampoco se ha puesto en práctica el “protocolo diocesano de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y personas vulnerables y el código de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia” que el propio Obispado elaboró en junio de 2020 y que consiste en un detallado manual de cómo prevenir casos y de cómo actuar ante cualquier denuncia o sospecha de posible delito que pudiera estar cometiéndose en el entorno religioso (parroquias, grupos vinculados a la Iglesia, centros educativos…).

A este respecto, conviene reseñar que no es extraño que el Obispado no contabilice ninguna denuncia ni caso de abusos después de los hechos ya conocidos en Cádiz y San Fernando con religiosos de Salesianos y de La Salle. En ambos casos, se trata de religiosos que pertenecen a órdenes concretas y que, por tanto, los casos entran en la jurisdicción de esas órdenes o congregaciones y no del obispo del lugar. Así pasó en Salesianos cuando se conoció el caso de Javier López Luna en 2013; y así han actuado los hermanos de la Salle con el caso que estos días se ha conocido de posibles abusos en el colegio de San Fernando (y que la propia congregación religiosa ha puesto en manos de la Fiscalía para su investigación por la vía civil).