El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, acudirá hoy al Juzgado de Instrucción número 3 para declarar en calidad de investigado por la denuncia interpuesta por los concejales de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, por la tramitación de la transmisión de la títulos habilitantes para la ocupación de los chiringuitos de las playas. Esta comparecencia se circunscribe dentro de las diligencias previas abiertas por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El centro de la cuestión va a ser aclarar en sede judicial si se ha producido el citado traspaso de las concesiones de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre. De hecho, éste es un motivo de disputa entre la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, los propietarios de los restaurantes playeros y el Ayuntamiento de Cádiz. Por un lado, tanto la Administración andaluza como los hosteleros sostienen que el procedimiento ya se ha completado, mientras que el Consistorio lo niega al afirmar que los trámites no se han finalizado, lo que será el argumento principal de González para intentar desmontar la denuncia de Ciudadanos.

La postura de la formación naranja respecto a una posible prevaricación de González se fundamenta en las actuaciones realizadas por el regidor municipal en noviembre de 2017 para intentar conseguir que los chiringuitos pudieran disponer de unas condiciones diferentes a las que se encontraban en los contratos que firmaron en su día con el Consistorio respecto a la superficie que ocupan, la apertura durante todo el año y la ampliación de la duración de las concesiones a 30 años. De esta manera, los empresarios intentaron que se incluyeran estas variaciones que se habían realizado en el Reglamento General de Costas y que no se habían recogido en los respectivos pliegos de condiciones para la explotación de estos establecimientos.

Para ello, Ciudadanos se remite a un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía con fecha de 17 de octubre de 2016 en el que se señala que las modificaciones sustanciales suponen “un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe” de las licitaciones públicas, por lo que los contratos se cambiarían sin haberse sacado de nuevo a concurso. Esto obligó al Ayuntamiento a desistir de este trámite y optar por la transmisión de los títulos para que las variaciones las solicitaran los empresarios.

Para activar los traspasos, el 3 de noviembre de 2017 se dictó un decreto de Alcaldía por el que se incoaba el expediente para que se llevara a cabo la transmisión de la titularidad de los chiringuitos. Una de las claves en este asunto se encuentra en el acuerdo que tomó la Junta de Gobierno Local el 10 de noviembre de 2017, por el cual se solicitó al Gobierno andaluz esta transmisión. Un hecho por el que Ciudadanos considera que la intención del Consistorio gaditano era completar este trámite. Junto a esto, la formación naranja también cree que ha habido un menoscabo en el patrimonio municipal al no tener que pagar los empresarios un canon por la explotación de los establecimientos, por lo que se incluye en la denuncia que el primer edil ha podido cometer un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La clave de la comparecencia será esclarecer si se ha producido el traspaso

Las discrepancias entre el Ayuntamiento, la Junta y los chiringuitos se centra en toda esta tramitación, por lo que este asunto se acabará resolviendo paralelamente por la vía contencioso-administrativa, tal y como anunció el Consistorio que iba a hacer si la Consejería de Medio Ambiente no atendía sus peticiones. Por su parte, la Administración andaluza argumenta que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local supone una petición expresa para que se lleve a cabo el traspaso de los títulos, además de subsanar el municipio la documentación que había remitido inicialmente. Por ello, Medio Ambiente emitió la resolución de este trámite el 29 de noviembre de 2017, notificándose al día siguiente al Consistorio y a los empresarios. Asimismo, los técnicos autonómicos sostienen que la institución municipal no realizó ninguna alegación.

Por su parte, el Ayuntamiento sigue defendiendo que el procedimiento no se ha completado. Para ello, mantiene que se debe firmar el negocio jurídico entre las partes, algo que Medio Ambiente asegura que no es necesario. Junto a esto, también se une el acuerdo que aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado 13 de julio para desistir del procedimiento para el traspaso de los títulos de las concesiones de ocupación de los chiringuitos. De hecho, el propio González ya pidió al portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, cuando se hizo pública la denuncia que presentara el documento que acredita las transmisiones. Además, el Consistorio mantiene que sigue cobrando el canon de explotación a los establecimientos, además de advertir que deben seguir abonándolo.

Con todo, y tal y como publicó este medio, de fondo también están las dudas que mostró la Demarcación de Costas sobre las posibles irregularidades cometidas en la tramitación de la transmisión de la titularidad de las concesiones a los chiringuitos, por las que señaló la posibilidad de que sean “nulas de pleno derecho”.

Para ello, Costas sostiene en este informe, al igual que lo hace el Ayuntamiento, que no existe un documento que acredite el citado traspaso. Asimismo, también se indica que el procedimiento no se puede completar al no haberse solicitado el informe preceptivo al Ministerio de Medio Ambiente. Por último, este organismo mantiene que no ha podido ejercer su derecho de tanteo y retracto.