El equipo de Gobierno tiene un problema laboral delante de sus ojos: la inestabilidad de 300 empleados del propio Ayuntamiento de Cádiz. Los interinos llevan varias semanas manifestándose cada viernes ante la Casa Consistorial, con alguna que otra (y accidentada) incursión dentro del edificio. La aprobación en el Congreso, el pasado diciembre, de la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público ha supuesto un acicate para sus reivindicaciones, las mismas que se extienden por administraciones públicas de todo el país. Pero pasan los meses y no obtienen una respuesta del gobierno de José María González 'Kichi', a pesar de que el alcalde escenificara su apoyo a la causa enfundándose la camiseta amarilla con la que estos trabajadores realizan sus movilizaciones. “En reuniones nos han llegado a decir que es cuestión de voluntad política y luego los políticos le han echado la culpa a los técnicos. Pero ninguno da el paso al frente. No entendemos esta pasividad en un equipo de Gobierno que ha estado dando la cara en otros conflictos laborales. Tendría que ser pionero y valiente”, dice María Muñoz, presidenta de la PATAC (Personal en Abuso de Temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz).

La realidad es que 'Kichi' espera un informe del secretario del Ayuntamiento que no llega. “Y el tiempo corre. De aquí al 1 de junio todas las administraciones están obligadas a publicar sus OPE (Oferta Pública de Empleo) extraordinarias. Deben estar reflejadas todas las plazas que se acogen al procedimiento extraordinario de estabilización, ya sean por concurso de méritos o por concurso oposición. Es decir, las plazas que cumplen los requisitos para que se aplique la Ley 20/2021”, explica Muñoz. Urge una decisión. “No será porque no le hemos llevado toda la documentación habida y por haber. El texto de la Ley y el argumentario del despacho de abogados que lleva estos casos a nivel nacional, que nos asesora y a otras plataformas. Tienen todo lo necesario para poner en pie el informe que justifique la revocación o modificación de las convocatorias ya publicadas”, apunta.

Y es que, según expone Muñoz, ya están convocadas en el Ayuntamiento de Cádiz las OPE correspondientes a 2016, 2017 y 2018, y el año pasado se hizo con las de 2020 y 2021. “Hasta las de 2020 incluyen plazas que están ocupadas por personal en abuso de temporalidad y por tanto, estarían afectadas por la Ley. Esas OPE se tienen que revisar, porque si sacas y ejecutas una convocatoria de una plaza que cumple los requisitos para que se aplique esta Ley, no la puedes ejecutar por las bases normales, tienen que hacerse por las bases extraordinarias. El Ayuntamiento tiene que sentarse a fijar las plazas, cuáles son las de concurso de méritos y cuáles las de oposición, y publicar la OPE. Y hay que sentarse con los sindicatos a negociar”, asegura.

Por qué se está dilatando la decisión. “La política está muy judicializada y hay un miedo tremendo a prevaricar. El alcalde nos lo ha dicho y por eso están pendientes del informe del secretario. Pero, vamos a ver, ¿dónde está la inseguridad jurídica si se trata de una Ley? Hay que aplicarla, no hay más. Le pedimos al alcalde que se siente, que se asesore. Nos hemos brindado en diferentes ocasiones a explicarle todo. Lo tenemos muy estudiado, con consultas a nivel nacional, y lo que defendemos tiene fundamento y un argumento jurídico sólido”, defiende Muñoz.

“No somos los casos más complejos. Simplemente hay que sentarse”, destaca la presidenta de la PATAC. Las OPE más numerosas son para ordenanzas y auxiliar administrativo. Muñoz advierte que “sería sangrante que un alcalde y un equipo de Gobierno que defiende unos valores sociales ahora vayan a ser tímidos ante esta oportunidad de estabilizar a cerca de 300 familias”.

La PATAC engloba tanto personal municipal como de organismos autónomos como fundaciones, el IFEF o el IMD. “Con todo esto sobrepasamos las 300 familias. Según la plaza, se le aplicaría un concurso de méritos o concurso oposición. Las plazas ocupadas por personal temporal de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 entrarían por concurso de méritos. Todas las plazas que no cumplan este requisito pero que sean de una antigüedad posterior al 1 de enero de 2016 hasta 2018, entrarían por concurso oposición. En el de méritos se valoran una serie de cuestiones como la antigüedad en el Ayuntamiento, o en el mismo puesto en otras administraciones, exámenes aprobados, cursos de formación, pero en cualquier caso habrá que negociarlo en las bases”, argumenta.

Para María Muñoz “no es justo que al personal que ha venido sufriendo este abuso de temporalidad porque en 20 años no se ha sacado su plaza, no se le haya dado la oportunidad de estabilizarla, después de tantos años en los que nadie ha cuestionado su capacidad. Gente que durante 20 años ha estado cumpliendo, y en puestos de responsabilidad a más alto nivel. Hay arquitectos que han desarrollado proyectos de envergaduras para la ciudad. Aprobaron un proceso de selección para entrar en las bolsas. ¿Por qué ahora después de 20 años tienen que volver a demostrar una capacidad plenamente demostrada?”.

"Sería sangrante que un equipo de Gobierno que defiende valores sociales fuera tímido en esto”

Aquí entra en juego parte de la opinión pública, crítica siempre con los funcionarios y sus supuestas prebendas. “Esto está mal visto, lo sabemos, y creen que nos queremos quedar dentro por la cara. Y conviene recordar que hemos pasado por un proceso selectivo, o por dos o tres. Por el hecho de ser interino tenemos encima esa nube la oposición flotando durante años. Desempeñamos trabajos iguales a los de funcionarios de carrera, cuestionados, sin unos derechos fundamentales”, señala. Y aclara que “esto no quiere decir que no vayan a salir oposiciones para personas de fuera”. Además, hace falta gente en el Ayuntamiento. “La edad media del personal es elevada, se van jubilando todos los años muchas personas. Ya en las OPE publicadas hay 60 plazas libres quitando las de estabilización. Hay plazas de sobra para que la gente de la calle oposite y entre, como es legítimo. Nuestras reivindicaciones no son excluyentes para los derechos de los que opositen desde fuera, ni mucho menos”.

La PATAC avisa de que “hay interinos con, por ejemplo, más de 50 años de edad, que no lo tienen fácil, que no tienen la misma facilidad para estudiar ni el mismo tiempo libre que quienes opositan desde fuera, con cargas familiares... eso hay que tenerlo en cuenta. Es importante estabilizar estos puestos de trabajo”. Muñoz indica que “la estabilidad de 300 familias redunda en beneficios para la ciudad. Si no les das la oportunidad de estabilizar sus puestos de trabajo, cesarían muchos de estos empleados. Gente con una media de edad de 50 años, la mayoría mujeres. Con una difícil salida luego al mercado laboral. Cádiz no se puede permitir eso ahora”. Y ensalza “el valor añadido de toda esta gente que, en muchos casos, lleva toda la vida en el Ayuntamiento y sabe desempeñar su trabajo. Hay quienes se han jubilado como interinos con más de 20 años de vida laboral”.

Son personas que en algunos casos “trabajan codo con codo con el alcalde y son interinos de larga duración. El alcalde conoce la situación de cerca. No entendemos a qué espera para aplicar la Ley”, concluye María Muñoz.

"No entendimos la actuación policial ni las detenciones aleatorias"

El viernes 26 los interinos irrumpieron en el Ayuntamiento mientras se celebraba el Pleno municipal. Las protestas se saldaron con dos detenciones y el clamor de estos trabajadores contra la actuación policial. María Muñoz indica que "hacemos ruido durante media hora, sin más. Y cada vez vamos viendo más despliegue policial a pesar de ser protestas pacíficas". Y recuerda que "en otras ocasiones hemos entrado en el Ayuntamiento, haciendo ruido, y nos hemos ido. Pero no entendimos la actitud policial ni las detenciones, que fueron totalmente aleatorias, Fue desproporcionado. La Policía Local también entró en el Ayuntamiento con sus reivindicaciones, que son legítimas".