La Inspección de Trabajo pone sus ojos en las agrupaciones del Carnaval

Actuaciones por toda España, macrofestivales con miles de espectadores, galas, bolos, carteles anunciando espectáculos en las redes... Suficiente para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se haya fijado en el Carnaval de Cádiz y haya reclamado en las últimas semanas a varias semifinalistas del COAC 2017 que abonen las cotizaciones de sus componentes no pagadas, al no haberlos dados de alta, en los conciertos en los que había por medio un contrato y una contraprestación económica. La noticia, avanzada en la mañana de ayer por Radio Cádiz (SER), motivó un gran revuelo en el mundo del Carnaval y saltó incluso a medios de comunicación nacionales. Y efectivamente, en las últimas semanas han pasado por las dependencias de la Inspección, en la calle Acacias, los representantes de estos grupos para conocer de primera mano qué deben hacer para ponerse al día sobre las citadas cuestiones, después de haber recibido la correspondiente carta. Cabe recordar que cada agrupación tiene un volumen de actuaciones distinto y que la mayoría de las punteras, las que se llevan todo el año cantando, llevan un tiempo con todo regularizado. El dinero que deberá abonar cada agrupación dependerá de las actuaciones que haya realizado. Se habla de miles de euros, aunque variará con cada caso concreto.

Precisamente en la diferencia de número de actuaciones entre los grupos más premiados año tras año y los que ocasionalmente prueban las mieles del éxito estriba el desacuerdo que buena parte de las agrupaciones investigadas mantienen con la Inspección. El representante de uno de estos grupos destacaba ayer que "quizás en la Inspección se desconoce la realidad del COAC y que las agrupaciones tengan trabajo según hayan quedado en el COAC. Da la impresión que creen que todas las agrupaciones ganan lo mismo. No conocen la singularidad del Carnaval". Otro de los afectados indicaba que "hay que atender a la realidad. Las pocas actuaciones son para pagar lo que se debe a los artesanos". Y añadió que "creen que esto es un filón y no es así, al menos para un buen número de agrupaciones. Habrá una brecha más grande entre las punteras y la clase media".

El presidente de la Asociación de Autores, Miguel Villanueva, declaró que "sin tener aún datos oficiales ni cifras, considero desproporcionado este seguimiento a unas agrupaciones que, en la mayoría de sus casos, cantan escasas veces al año si es que tienen la suerte de pasar a la final". A juicio de Villanueva, "es necesario que desde la Inspección de Trabajo se entienda la singularidad del Carnaval y la distinción entre las que cantan durante todo el año, que desde hace tiempo lo tienen todo reglado, y el resto. Un epígrafe especial para el Carnaval gaditano sería una buena solución". Lamentó que estas agrupaciones "dediquen a la fiesta mucho trabajo a cambio de casi nada. En todos los casos, atendiendo a numerosas actuaciones benéficas. Y ahora se encuentran con esto. No es justo". Concluyó que la asociación que preside "estudiará a fondo este tema" y se pondrá a disposición de las agrupaciones. "Que sepan que cuentan con nuestro total apoyo", concluyó. En el mismo sentido se expresaba Antonio Rivas, letrista y abogado que incidió en que "hay que distinguir entre los que se dedican habitualmente a cantar casi todos los fines de semana, que se entiende que deben atenerse a un régimen laboral, y los que aún siendo semifinalistas tienen al año tres o cuatro actuaciones. La clave es la habitualidad. No todo el mundo puede ir en el mismo lote". Rivas también piensa que "podría regularizarse de alguna manera teniendo en cuenta la singularidad del Carnaval". Y afirmó que "esto puede venir bien para sentarnos y de una vez regularizarlo todo para evitar cualquier tipo de sobresaltos".

Aunque se han realizado requerimientos a grupos semifinalistas, no han entrado los coros en el paquete. Según el presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), Antonio Procopio, "no han recibido carta alguna", pero, conociendo la situación, los representantes de los coros celebraron recientemente una reunión informativa. "Somos asociaciones culturales y vamos a estudiar cambiarnos a asociaciones de interés público cultural. Los coros apenas tienen actuaciones durante el año y nuestra finalidad no es lucrativa, más bien nos cuesta el dinero o lo que se consigue es para pagar los numerosos gastos", recordó.

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, reconoció ayer que el Consistorio tiene poco margen de maniobra ante esta situación. "Era algo que ya se estaba barruntando", apuntó Navarro, que también criticó la manera de actuar de Hacienda -aunque la investigación parte de la Inspección de Trabajo- al manifestar que "busca en estos nidos que pueden estar sujetos a disposición fiscal, pero, sin embargo, no busca en otros nidos que puedan estar fuera de las fronteras del país y que tantísimos beneficios nos reportarían fiscalmente".

El edil de Por Cádiz sí se puede afirmó que lo sucedido ya había sido advertido por la Delegación de Fiestas, que "trasladó a las agrupaciones que regularizaran la situación". Asimismo, señaló que desde el Ayuntamiento, dentro de las competencias que tiene, "se le ofreció a los grupos asesoramiento particular sobre este tema". Pero más allá de esto, el Consistorio no puede hacer nada, tal y como aportó Navarro, al estar dentro de sus fines la organización del Concurso del Gran Teatro Falla y la fiesta en la calle. "Todo lo que sea fuera de eso ya es una relación privada entre alguien que contrata a una agrupación y la agrupación contratada", resaltó para explicar este asunto.

Ante una situación en la que "Hacienda va a clavar los colmillos en el Carnaval de Cádiz", Navarro se resignó a contestar que la fiesta se encuentra ante un "debate complicado", ya que "era cuestión de tiempo" que esto sucediera. Por ello, se reafirmó en el ofrecimiento del Ayuntamiento de prestar "asesoramiento y colaboración al máximo posible, pero hasta nuestras limitaciones competenciales" para que los grupos se constituyan como empresas.

Después de los encuentros mantenidos entre los representantes de las agrupaciones y los inspectores de Trabajo se conocerán las cuantías que deberá abonar cada grupo en función del número de actuaciones requeridas. Los mayores problemas son para los componentes que están cobrando una pensión de jubilación o los desempleados, que en los días de actuaciones tendrían que darse de baja en el paro para cotizar por esa jornada. El agravante puede surgir si existen agrupaciones que por la falta de actuaciones no tengan dinero para acometer el pago por las infracciones. Lo que está claro es que el Carnaval se dirige inexorablemente a su profesionalización. Otra cosa es que su singularidad pudiera conllevar un régimen especial que distinguiera, según volumen de actuaciones e ingresos, a unas agrupaciones de otras.