Resolución de expediente

Expulsado de la Policía Local de Cádiz por quedarse con el dinero de las multas

  • El agente ya había sido condenado en diciembre por la Audiencia Provincial a dos años de prisión

El agente, de espaldas, el día de la conformidad en la Audiencia Provincial. El agente, de espaldas, el día de la conformidad en la Audiencia Provincial.

El agente, de espaldas, el día de la conformidad en la Audiencia Provincial.

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El agente de la Policía Local de Cádiz que fue condenado por la Audiencia Provincial en diciembre del año pasado por quedarse con el dinero de las multas que ponía a ciudadanos, casi todos ellos extranjeros, ha sido expulsado del Cuerpo tras el expediente que se le había abierto en el Ayuntamiento de Cádiz a raíz de la sentencia.

F.J.R.M. fue condenado a dos años de prisión por malversación de caudales públicos y por infidelidad en la custodia de documentos, así como a una inhabilitación para ejercer el cargo o cualquier empleo público de seis años. En total se apropió de 8.330 euros.

El expediente se le abre porque desde el Ayuntamiento se considera que los hechos son constitutivos de “una falta disciplinaria muy grave”. Ese grado conlleva sanciones que van desde la separación del servicio, es decir, la expulsión definitiva, a otros grados menores que iban desde una suspensión que puede ir desde los tres meses y un día hasta los seis años. En última instancia podría darse el caso de que si el instructor lo considerara oportuno, se diera un traslado forzoso.

El afectado hizo precisamente unas alegaciones en las que pidió que se igualara la inhabilitación del cargo durante seis años para evitar la expulsión definitiva.

Para la graduación de la sanción a imponer, se establecen una serie de criterios que el instructor del expediente tenía que considerar a la hora de dictar una resolución. Estos son la intencionalidad, reincidencias, historia profesional, la incidencia sobre la seguridad ciudadana, la perturbación en el normal funcionamiento de la Administración o de los servicios que le estén encomendados.

En el expediente se deja claro que los hechos cometidos por el agente afectan “a la imagen y la confianza de los ciudadanos en las funciones de la Policía Local y de sus miembros”. Además califica de “gravísima” la afectación que ha tenido este asunto en la seguridad ciudadana y al funcionamiento de los servicios prestados “dado que los hechos objeto de condena han afectado a más de un centenar de ciudadanos”.

A todo ello, le une la existencia de intencionalidad ya que, según lo que aparece en el decreto de resolución del expediente, “se predica tanto del plan de actuación tejido, que se centró sobre supuestos en los que era más difícil la revelación de su conducta, como en la reiteración de los hechos delictivos, que se extienden desde el año 2014 hasta marzo de 2017”.

Por todo ello, se cierra el expediente imponiéndole como sanción la separación del servicio y se deja sin efecto la provisional impuesta por la Audiencia Provincial de inhabilitación de seis años.

Cabe recordar que el autor de los hechos llegó a una conformidad para no tener que entrar en el juicio. El asunto se descubrió cuando uno de los extranjeros que habían sido multados puso un pliego de descargo y se vio que la multa no había sido tramitada. De hecho, el agente cobraba in situ la sanción sin que entregara el recibí. Cuando fue descubierto, en su taquilla tenía incluso boletines de las denuncias que había impuesto.

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