Dragados, la empresa que ejecuta las obras del segundo puente, ha vuelto a ralentizar los trabajos de construcción de La Pepa, según han confirmado a Diario de Cádiz fuentes cercanas al Ministerio de Fomento. Esta ralentización se inició el pasado viernes, 1 de julio, y coincide con un momento de la obra extremadamente delicado pues ahora se iba a iniciar el proceso de instalación de los tableros de la estructura, una vez concluida la construcción de la totalidad de los pilares de La Pepa. Además, por si fuera poco, el inicio de la temporada estival es la fecha más adecuada para agilizar al máximo los trabajos, por lo que la pretensión de Fomento era dar en los próximos tres o cuatro meses un impulso relevante a las obras, a fin de que cuando lleguen de nuevo los meses de lluvias se haya adelantado en el porcentaje de la obra.

La decisión de Fomento incluye también el preaviso de despido para algunos trabajadores de determinados tajos. Hace apenas unas semanas trabajaban en todo el punto unas 150 personas, una de las cifras más bajas desde el inicio de este proyecto.

Curiosamente, la decisión de Dragados de ralentizar los trabajos se produce exactamente un año después de que adoptase una medida similar. En todo caso, hace doce meses la decisión de la constructora, integrada en el grupo ACS, fue aún más radical, pues el parón fue total en todas las líneas de trabajo, y más grave pues en ese momento estaban aún en construcción varios de los pilares de la estructura.

En aquel momento el pulso de la empresa estuvo motivada por la deuda que comenzaba a acumular el Ministerio de Fomento con la adjudicataria, cifrada en unos 12 millones de euros, y el temor de la propia compañía a que esta cantidad aumentase ante las perspectiva que había en aquel momento de una paralización generalizada de las obras públicas en todo el país, debido a los ajustes presupuestarios, tal y como ocurrió posteriormente.

En esta ocasión, sin embargo, la presión de Dragados no está justificada por el impago de las mensualidades de Fomento, que por el momento está cumpliendo de forma escrupulosa con el compromiso de financiación cerrado hace unos meses. Las fuentes consultadas sitúan la causa de esta medida en un problema que ya adelantó Diario de Cádiz hace apenas unas semanas: el dinero que la Junta debe hacer efectivo para financiar la plataforma destinada al tranvía metropolitano que va a pasar por el tablero del puente.

La Junta se ha comprometido a pagar unos 20 millones de euros por esta obra, aunque curiosamente no la podrá utilizar cuando se inaugure el puente, se supone que a finales de 2012, ya que el trazado del tranvía entre Cádiz y Jerez de la Frontera aún no está adjudicado. La propia administración regional comunicó a Fomento que no disponía de esta cantidad, afectada como está también por estrictos recortes presupuestarios.

Desde entonces el nerviosismo ha vuelto a aparecer en la dirección de Dragados, y todo a pesar de que el Ministerio lleva el mismo tiempo haciendo ver a la adjudicataria de la obra que será la administración central la que responda por esta cantidad si la Junta se dilata aún en su pago, por lo que tiene garantizado estos ingresos.

Pablo Lorenzo, delegado provincial de la Junta, afirmó a este diario la semana pasada que la administración regional  mantenía sus compromisos con el proyecto del tranvía y con los acuerdos de financiación de las obras de La Pepa. Por su parte, desde ACS no se hizo valoración alguna sobre la situación de las obras.

Confirmando lo ya adelantado por este periódico, en el polémico informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Fomento en que se analizaban las actuaciones y compromisos de este departamento en la provincia de Cádiz ya se trasladaba la preocupación por la incidencia que en proyecto del puente tenía los impagos de la Junta.

Así, el informe afirmaba que la “continuidad (de las obras) está condicionada a la firma del acuerdo necesario con la Junta de Andalucía. Se plantea el 'intercambio' de actuaciones: integración tranviaria-dragado Navantia”.

Teniendo en cuenta lo limitado de la cuantía del dinero pendiente y las garantías que se ofrecen desde el Ministerio de Fomento, especialmente desde la decisión política de priorizar el proyecto del segundo puente, se confía en que la decisión de ralentizar los trabajos por parte de Dragados no vaya a más y no se produzca un parón definitivo, más difícil de recuperar una vez solventado el conflicto, por lo que se espera que todo vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible.

Una cuestión secundaria es el coste del dragado de la canal de paso para acceder al astillero de Puerto Real, un proyecto que solo se ejecutará si Navantia contrata barcos de gran calado. De esta forma, la petición de esta empresa de ampliar el mismo acaba siendo una mera hipótesis de trabajo que en nada incide la continuidad de las obras del Puente.