Laboral

Condenan de nuevo a Diputación por cesión ilegal de trabajadores en Recaudación

  • Un juzgado ordena la readmisión de otros cinco empleados de Asesores Locales Consultoría SA

Una imagen de archivo de una placa del Servicio Provincial de Recaudación Una imagen de archivo de una placa del  Servicio  Provincial de Recaudación

Una imagen de archivo de una placa del Servicio Provincial de Recaudación / D. C.

El Juzgado de lo Social número 2 ha declarado nulos los despidos de otros cinco trabajadores de Asesores Locales Consultoría SA, una contrata cuyos empleados trabajaban en el Servicio Provincial de Recaudación, concretamente en gestiones relacionadas con el Catastro.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Diario de Cádiz, el juez Eloy Hernández de la Fuente dictamina que "existió cesión ilegal de Asesores Locales Consultoría SA a la Diputación" y por eso condena, de modo solidario, tanto a la empresa como a la institución provincial. El magistrado declara nulos los cinco despidos, considera a los trabajadores personal laboral indefinido y ordena a la Diputación su readmisión inmediata en las mismas condiciones y puesto en el que venían trabajando, pero con las retribuciones del Convenio Colectivo del Personal Laboral vigente en la institución provincial. Hasta que fueron despedidos cobraban salarios inferiores.

Este es el segundo fallo judicial por el que se condena por cesión ilegal de trabajadores de Asesores Locales a la Diputación de Cádiz, después de otro dictado a principios de marzo de ese año, que resultó favorable para otros cuatro trabajadores de la misma empresa. Todavía queda un tercer juicio. Como el primero, el caso ha estado defendido por el despacho de José Blas Fernández Sánchez. 

En la sentencia, que tiene fecha del pasado 29 de junio, el magistrado considera probado que los demandantes prestan sus servicios en instalaciones de la Diputación, que manejan datos personales tributarios de un programa de la institución, que la empresa aportó ordenadores que luego se devuelven al acabar "la contrata" con Diputación -que da cursos a "su personal"- y que atienden al público que acude a la oficina, como también lo hace el personal propio de la institución que trabaja en el mismo local.

Además, el juez da como cierto que tanto los demandantes como el personal de Diputación tienen las mismas tarjetas para poder acceder a Zona Franca, donde está la oficina; que las dudas en su trabajo eran consultadas y resueltas por los jefes de departamentos técnicos de Diputación y que se coordinaban las vacaciones con personal de la institución.

A esto se añade que existen correos de la empresa demandando material a la Diputación fechados dos meses antes de que se produjera una denuncia ante la Inspección de Trabajo que terminó en una visita a las oficinas de Cádiz, si bien hay trabajador que ejercía sus funciones en la de Medina. Que las averías comunicadas por los demandantes eran solucionadas por EPICSA (Entidad informática de la Diputación) y que existía un almacén de material de oficina común.

El origen de estas irregularidades laborales están en un convenio que firma el Estado con la Diputación en materia catastral, que hace que ésta subcontrate este servicio desde 2007, fecha en la que se produce la primera concesión a Asesores Locales Consultoría SA.

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