La Inspección de Trabajo sanciona a la Diputación de Cádiz
Considera que trabajadores de una empresa externa realiza "idénticos" servicios que el personal del Servicio de Recaudación
La Inspección de Trabajo ha emitido una resolución, que está en periodo de alegaciones, contra la Diputación de Cádiz por cesión ilegal de mano de obra. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, los inspectores ven fraude en la contratación de trabajadores de una empresa externa en el Servicio Provincial de Recaudación que, consideran, realizan el mismo trabajo que los de la institución provincial pero sobre los que aprecian diferencias de cotización desde 2014 hasta la actualidad.
En esta resolución provisional señalan que percibiendo "salarios inferiores" y "contando por tanto con unas bases de cotización muy inferiores" prestan "idénticos servicios", con lo que constituye una infracción. Por ello, no se habían ingresado las cotizaciones correspondientes y que supondrían 292.000 euros de diferencia.
El acta proviene de una visita realizada en noviembre por la Inspección a los servicios centrales del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria y en el centro de Trabajo de la Zona Franca. Según denuncia, allí comprobaron como los trabajadores de la empresa Asesores Locales Consultoría prestan servicio junto al personal propio de la Diputación, sin distinción, con los mismos medio materiales, "recibiendo órdenes del persona técnico" de la institución, dependiendo para ello de sus vacaciones, con horario similar y aplicándoles el horario de verano del personal, según se apunta en esta misma documentación. Así, el acta aprecia cesión ilegal de mano de obra, con "responsabilidad solidaria" de ambos implicados, empresa e institución pública.
En esa misma visita, según apunta el informe, los responsables del servicio apuntan que "no tienen personal" como motivo de la externalización de las tareas de asistencia técnica y gestión tributaria catastral. El contrato con la empresa vendría derivado de un convenio entre la dirección del catastro y la Diputación gaditana.
La Diputación prepara las alegaciones y recurrirá esa decisión de la Inspección de Trabajo., notificada a mitad de mayo.
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