La Diputación de Cádiz se va a tener que enfrentar a una causa por supuesta cesión ilegal de trabajadores en el Servicio Provincial de Recaudación, que tiene su sede central en el edificio Europa del recinto fiscal de la Zona Franca. Esta cesión ya se encuentra en los juzgados de lo Social tras un informe de la Inspección Provincial de Trabajo que sí considera que se está produciendo esta circunstancia que afecta a unos 15 empleados.

No sólo la cesión ha terminado en los juzgados, sino que también hay otra causa porque a los trabajadores que pertenecían a la contrata y prestaban su servicio en Diputación, se les extinguió el contrato poco después de que saliera el acta de la Inspección por el que se le condenaba a pagar a la institución provincial 292.000 euros.

El origen se centra en el contrato que suscribió la Diputación con la empresa Asesores Locales Consultoría (ALC) para la contratación del servicio de asistencia técnica al mencionado Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria en el año 2009 y que se ha ido renovando cada cierto tiempo. En este sentido. hay varios de los empleados que denunciaron ante la Inspección de Trabajo que se encontraban desde el año 2009 trabajando para la Diputación.

La Inspección ordenó a la administración a abonar 292.000 euros por la diferencia salarial

Según lo denunciado y lo recogido también por la inspectora de Trabajo que hizo el dictamen final y que consideraba que sí había una cesión ilegal de trabajadores, los trabajadores externos “están diluidos” y mezclados en la misma planta y departamento con los puestos de trabajo del personal laboral y funcionario de Diputación. En ninguna planta había un distintivo que indique que allí se encontraba prestando servicios la empresa Asesores Locales Consultoría.

También se resalta en el informe de la Inspección que los medios materiales utilizados para la prestación de los servicios, tanto el fungible (papel, bolígrafos y demás material de oficina como el no fungible (mesas, sillas, ordenadores, etcétera) “son propiedad de la Diputación”. De hecho, tal y como señalaron las personas que declararon ante la Inspección, tenían que solicitarlos al personal de la propia institución provincial. La empresa subcontratada no pudo tampoco aportar facturas que acreditaran la titularidad de los equipos informático, teléfonos o mobiliario por parte de ALC.

La Inspección también determina que reciben órdenes e instrucciones de los técnicos de Diputación y cuentan con acceso a las aplicaciones informáticas propiedad de la administración pública e, incluso, poseen cuentas de correo electrónicas corporativas creadas por Diputación.

Todo pasa a través de ella, las vacaciones que tiene que pedir este personal e incluso han tenido que coger alguna vez que otra permisos forzados para acoplarse a los días de los que dispone Diputación en su convenio. Con respecto a este asunto, se remitieron correos a la inspectora en los que se pone de manifiesto que la empresa ALC “supedita la concesión de sus períodos a la autorización previa de los técnicos de servicio”.

Su horario de trabajo, además, es similar al del personal de Diputación y se le aplica la jornada de verano prevista para el personal funcionario y laboral. Por otro lado, reciben la misma formación destinado al personal de la Diputación.

En cuanto a la argumentación técnica de la contrata, la inspectora, según los testimonios recabados, asegura que “no se encuentra justificación de la misma más allá de “la necesidad de personal”.Eso sí, en lo que respecta a lo que llama como “degradación en las condiciones de trabajo”, establece que las cantidades abonadas a los trabajadores de ALC en concepto de salario, por aplicación del convenio colectivo de despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales, “son notablemente inferiores a las abonadas al personal laboral de Diputación que realiza las mismas tareas, provocando un perjuicio económico a los trabajadores de ALC”.

La inspectora de trabajo señala en su informe que se produce una cesión ilegal de trabajadores y que hay una gran diferencia salarial entre los trabajadores de Diputación y los de ALC “por la prestación de idénticos servicios”. De este modo, levanta un acta de liquidación y ordena que se abone desde el año 2014, es decir, desde el período que no está prescrito la diferencia de salario entre lo que cobraban en ALC y lo que perciben los funcionarios de Diputación en función de dos categoría, ayudantes de recaudación (en el que se integran 13 empleados) y delineante de Recaudación (en el que hay sólo uno).

El informe de la Inspección echa mano de la legislación y dice que una vez que se produce esta cesión ilegal de mano de obra con el consiguiente perjuicio económico, “los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos”.

El tema ya se encuentra en los juzgados con una doble vía. Por un lado se solicita el reconocimiento de los derechos de estos trabajadores para que pasen a ser fijos laborales de la Diputación, después de haber prestado para ésta su función durante una década y, por el otro, están los despidos.

Diputación hizo un recurso contra el acta de la Inspección, pero no prosperó.