Cádiz C.F.

El Cádiz C.F. va a recurrir la orden ministerial sobre el dominio portuario en los terrenos de Delphi

  • El club asegura que no va a participar en ninguna disputa ni polémica sobre dichos terrenos

  • Vizcaíno afirma que la sociedad Indanspo, que es la que hizo la compra, es cien por cien del Cádiz

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz C.F., el día que se presentó el proyecto Sportech.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz C.F., el día que se presentó el proyecto Sportech. / Lourdes de Vicente

El Cádiz Club de Fútbol ha anunciado en un comunicado que está preparando "el pertinente recurso" ante la Orden Ministerial por la que el suelo de Delphi pasa a ser de dominio público portuario, lo que puede provocar que en el futuro los terrenos que ha adquirido el club amarillo, sean sometidos a un proceso de expropiación.

El Cádiz asegura que la entidad "ha sido conocedora en todo momento de la situación en la que se encontraban los terrenos desde hace 15 años. el club también deja claro que "no va a participar en ninguna disputa ni polémica sobre el uso de dichos terrenos, ya que sólo se ha buscado y se seguirá buscando servir de eje integrador y locomotora de la industria en nuestra provincia, para la creación de tejido industrial y de empleo".

Por último, señala en el comunicado que Sportech City, que es el nombre del plan que quería desarrollar el Cádiz en Delphi, "continúa adelante con su hoja de ruta prevista para el desarrollo de este proyecto industrial de carácter tecnológico, deportivo e innovador".

Asimismo, trata de mostrarse conciliador y dice que "como siempre, el club vuelve a tender la mano a toda entidad, institución u organismo que quiera sumar para convertir a la Bahía de Cádiz en una referencia en el sur de nuestro país".

Por otro lado, el propio presidente de la entidad, Manuel Vizcaíno, ha asegurado a este medio que la sociedad utilizada para comprar los terrenos por 2.750.000 euros, Indanspo, es cien por cien del club amarillo. A esta cifra abonada ya, hay que sumarle los 1,7 millones que se pagó al Ayuntamiento de Puerto Real en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles atrasados y otros 100.000 euros en conceptos de gastos de la compra.

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