La Junta de Andalucía acaba de aplicar un duro correctivo a la empresa municipal de aparcamientos, Emasa, tumbando una propuesta de convenio colectivo en la que según ha comunicado la Consejería de Empleo los criterios de igualdad brillan por su ausencia. “El presente convenio pone de manifiesto el desinterés por todas aquellas cuestiones (acceso y promoción en el empleo, conciliación de la vida laboral y familiar, riesgos en caso de embarazo o lactancia, igualdad salarial, prevención del acoso sexual y por razón de sexo…) que afectan a la mujer trabajadora, no regulando tales aspectos y sin hacer referencia a todas estas cuestiones ni a su normativa reguladora”, concluye la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre el convenio recientemente aprobado por Emasa, que “conculca la legalidad vigente”.

Varias son las deficiencias, omisiones o incluso irregularidades que se han detectado en el texto de ese convenio laboral. Y entre las más llamativas se incluye el uso sexista del lenguaje, que reserva exclusivamente en versión femenina el puesto de “cajera” o las responsabilidades de “jefe”, “encargado” o “limpiador” exclusivamente en masculino. Términos que la Consejería de Empleo requiere que sean sustituidos “por un lenguaje neutro a fin de no perpetuar tal segmentación”.

Tampoco están debidamente contemplados los casos de embarazo y lactancia materna en el acuerdo laboral. Respecto al embarazo, se establece el derecho “al cambio de puesto de trabajo si éste pudiera entrañar un peligro para su estado”, precisando al respecto que la legislación establece que antes del cambio de puesto de trabajo “se ha de intentar adaptar su puesto”. Mayor problema presenta la lactancia, respecto a la que no se establecen los mismos derechos que se otorgan al embarazo, “lo que necesariamente ha de incluirse de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Empleo ha puesto también de relieve la ausencia de medidas que eviten la discriminación y desigualdad por razón de sexo “en sus diversos aspectos, especialmente en el acceso al empleo”; reseñando aquí nuevamente la existencia de categorías “masculinizadas”. Asimismo, advierte la Junta de Andalucía de que en el convenio no se encuentra tipificación desde el punto de vista disciplinario ni tampoco desde el punto de vista preventivo de todo lo relacionado con el acoso sexual y moral por razón de sexo.

Tampoco aparecen medidas dirigidas a evitar el acoso sexual en el trabajo, como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de acciones formativas o la puesta en marcha de campañas divulgativas. Todo ello mediante una negociación previa con los propios trabajadores. “Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo”, recuerda al respecto la delegación provincial de Empleo de la administración autonómica.

Emasa dispone ahora de un plazo de diez días para solventar todas estas irregularidades y defectos que se han detectado en el borrador de convenio colectivo, en el que la Igualdad no cumple con los mínimos prefijados en las leyes actuales. Convenio que pretende estar en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023.

Este varapalo de la administración regional se une a las críticas que el miércoles elevaba el sindicato Csif sobre este convenio colectivo, que denunciaba que no había sido votado en ninguna asamblea y, por tanto, reclamaba un nuevo texto regulador de las condiciones de los trabajadores, y sobre todo de las trabajadoras, de Emasa.