El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Asuntos Sociales y en colaboración con Eléctrica de Cádiz, ha puesto en marcha una experiencia piloto para garantizar la cobertura energética de las familias más vulnerables. Así lo ha avanzado este fin de semana la concejala de la delegación, Ana Fernández, quien ha asegurado que esta medida forma parte “de nuestro compromiso por garantizar unas condiciones dignas de habitabilidad para los vecinos y vecinas de Cádiz”.

Ana Fernández ha señalado que esta experiencia piloto viene motivada “ante la negativa del Partido Popular de firmar y poner en marcha el bono social gaditano que garantizaría el acceso a la energía”. “No nos rendimos y seguimos trabajando para poner en marcha cuantas acciones estén a nuestro alcance para que todas las familias de Cádiz, independientemente de sus recursos económicos, tengan acceso a la energía”.

Fernández ha detallado que actualmente desde el Ayuntamiento se conceden varios tipos de ayudas sociales relacionadas con las facturas de la luz. Entre ellas se encuentran las puntuales y periódicas para el pago de suministro eléctrico, las destinadas a atender los gastos de nueva contratación de suministro eléctrico, las que cubren gastos de reposición de suministro eléctrico, gastos de emisión de boletín de instalación eléctrica, gastos de cambios en las condiciones de contratación del suministro eléctrico (potencia y/o tarifa aplicable) y las bonificaciones a pensionistas para suministro eléctrico o Tarifa Reducida de Pensionistas.

Bajo este marco, ha explicado Fernández, se ha aprobado un nuevo concepto de ayuda social, bajo el nombre de ‘cobertura energética anual’ que trata de optimizar y hacer más eficaz este apartado, que ahora supone un dispendio en tramitación por parte de la administración y un sistema poco eficiente de cara a la ciudadanía, sin que, por otro lado, se aumente ni se disminuya la aportación de fondos que este Ayuntamiento ha de hacer para atender las necesidades de estos casos.

Requisitos de acceso

A modo de experiencia piloto, se desarrollará esta iniciativa con 30 familias propuestas por la Delegación de Asuntos Sociales entre aquellas en la que ninguno de sus miembros tengan posibilidad de acceder al mercado de trabajo y no superen los límites económicos de la renta per cápita hasta 255 euros y 405, euros en caso de familia unipersonal.

Se incluyen situaciones como ser pensionista de incapacidad absoluta o gran invalidez, pensionista en modo no contributivo por invalidez, previa valoración técnica de la imposibilidad de acceso al mercado laboral, pensionista por jubilación y persona cuidadora de persona dependiente, entre otras muchas.

La ayuda consiste en la bonificación del coste de la energía y potencia que cubran las necesidades de los usuarios, con unos topes establecidos, tanto de potencia como de energía. El beneficiario queda obligado al pago del importe neto resultante de cada factura mensual, quedando sujeto al proceso de suspensión del suministro en caso de impago, previo traslado a la Delegación de Servicios Sociales.