Tribunales

El 11 de noviembre se celebrará el juicio por la denuncia del PP contra Pilar Tubío por el caso Matadero

  • La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para la actual directora de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz por un presunto delito de prevaricación administrativa

  • La acusación particular también solicita cuatro años de prisión por un delito de falsedad en documento público

Llaves de la viviendas de Matadero cuando se entregaron.

Llaves de la viviendas de Matadero cuando se entregaron. / Julio González

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado una diligencia de señalamiento de juicio oral, para el 11 de noviembre a las 10,00 horas, contra la directora de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubío, como presunta responsable de un delito de prevaricación administrativa, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press. 

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz dictó un auto de apertura de juicio oral contra la directora de Servicios Sociales, para quien la Fiscalía pide una pena de nueve años de inhabilitación como responsable de los presuntos delitos de prevaricación administrativa. Por su parte, la acusación particular, ejercida por las ediles del PP en el mandato 2011/2015, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, solicita también cuatro de prisión por un delito de falsedad en documento público. 

La acusación se produjo tras el sobreseimiento del conocido como 'caso Matadero', en el que las dos ediles del anterior gobierno del PP del área de Familia y Asuntos Sociales fueron acusadas de una supuesta irregularidad en la adjudicación de viviendas protegidas. Tras archivarse el caso sin la imputación de ambas ediles, el PP anunció que llevaría a Fiscalía, entre otras personas, a la concejal del Consistorio gaditano Eva Tubío y a sus dos hermanas, trabajadoras de la Delegación de Asuntos Sociales, para que se dedujera testimonio "por las declaraciones realizadas por las tres en sede judicial". 

El PP explicó tras el sobreseimiento del caso que en septiembre de 2013, el entonces portavoz del PSOE, Fran González, se presentó en Fiscalía para decir que una de las hermanas Tubío "presentó su dimisión ante las presiones políticas" de las dos concejales del PP para cambiar los criterios para la adjudicación de viviendas en la promoción de Matadero, "afirmando que había tenido conocimiento de tales hechos a través de las manifestaciones de un representante sindical de Autonomía Obrera y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento". 

En este sentido, el PP llamó la atención de que un jueves, 19 de septiembre de 2013, Pilar Tubío mantuvo una reunión con la Junta de Personal "y al lunes siguiente, con un fin de semana de por medio, el portavoz del PSOE redactó una denuncia, bastante densa, y la presentó a Fiscalía, que al día siguiente abrió diligencias".

Por todo ello, cuando se archivó el caso, el PP dijo que actuaría en los tribunales, porque "no" iba a "permitir que aquellos que intentaron quemar en la plaza pública a las dos concejales, que no llegaron a ser imputadas ni llamadas a declarar, paguen por ello". 

Así, presentó cargos en la Fiscalía contra la que entonces era directora de Servicios Sociales, que vuelve a serlo actualmente, como responsable de un delito de prevaricación administrativa. Además, el PP, como acusación particular también pide responsabilidades por un presunto delito de falsedad en documento público.

En este caso, la acusación particular ejercida por Mercedes Colombo y Carmen Sánchez se sustenta en la presunta valoración que se realizó a una usuaria de Servicios Sociales para que recibiera una de las viviendas construidas en Matadero, que se entregaron en octubre de 2013. Así, se centra en la intervención que tpodría haber realizado Pilar Tubío como jefa de programa de Asuntos Sociales para conseguir que esta usuaria, que percibía una renta mensual de 561 euros, accediera a uno de los pisos. Según consta en la documentación de este proceso judicial, Tubío habría cambiado la valoración, omitiendo su renta mensual de 561 euros y que no cumplía una serie de requisitos para poder ser beneficiaria de una de las viviendas.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ya archivó en 2016 las denuncias que se presentaron contra las concejalas del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, siendo posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial. Por sede judicial pasaron varios funcionarios de Asuntos Sociales para prestar declaración sobre este asunto. Sin embargo, ni Colombo ni Sánchez llegaron a testificar ni llegaron a estar investigadas por este asunto

Ahora, tras el auto de apertura de juicio oral por parte del Juzgado de Instrucción número, la Audiencia Provincia ha señalado la celebración del juicio para el 11 de noviembre.

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