El caso Matadero aún sigue vivo pese a que las ediles del Partido Popular Mercedes Colombo y Carmen Sánchez salieron totalmente absueltas por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de las viviendas de este bloque. Posteriormente las dos representantes del Partido Popular pusieron una serie de denuncias por calumnias e injurias contra la que era directora de la Unidad de Trabajadores Sociales, Pilar Tubío, y algunas personas más, hecho que también quedó en nada finalmente.

Sin embargo, en el recurso a esto último la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha determinado la reapertura de la causa penal contra Pilar Tubío, que pasa a tener la categoría de investigada, por un posible delito de prevaricación administrativa.

El origen de los hechos es que tanto el Grupo Municipal Socialista como la Junta de Personal del Ayuntamiento interpusieron unas denuncias en los juzgados debido a que se podía haber variado los criterios técnicos para favorecer presuntamente a algún adjudicatario. La propia Pilar Tubío se reunió con la Junta de Personal y a raíz de ello acabó el tema en la denuncia. Se llegó incluso a decir que las trabajadoras sociales habían recibido presiones, aunque después en la sede judicial aclararon que “tal presión fue por la sensación de sobrecarga de trabajo y de tener que repetir, en tal contexto, algunas valoraciones”.

El tema que lleva a Pilar Tubío a estar investigada por un presunto delito de prevaricación, aunque también habla de falsedad, es por la valoración que se hace a una usuaria de Servicios Sociales. Para poder otorgar una vivienda se hacía un baremo con criterios técnicos del que salía una puntuación. Esta persona percibía una renta de 561 euros y, por lo tanto, recibió un dictamen negativo de la trabajadora social. Según lo que aparece en el auto, Tubío como jefa de programa los podía ampliar o los modificaba y los volvía a devolver para que las mismas trabajadoras lo corrigieran.

En este caso, había cambiado la valoración y, según el auto, había omitido la renta de 561 euros así como que no reunía los requisitos para obtener la vivienda. Al llegar a Procasa el informe corregido, la persona baremada consiguió la vivienda. La Audiencia Provincial estima que “tal conducta presenta apariencia delictiva y no resulta en tal extremo el sobreseimiento para Pilar Tubío”.