Cádiz

Contundente informe de la fiscal para desmontar el Caso Matadero

  • Coincide con la juez en que las concejalas del PP no presionaron a las trabajadoras sociales a la hora de adjudicar los pisos. Evidencia algunos errores en este colectivo de empleadas.

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La informe de la fiscal del Caso Matadero exonera de cualquier culpa a la hora del reparto de las viviendas de esta promoción pública a las, en 2013, ex concejalas del PP Mercedes Colombo y Carmen Sánchez.

A lo largo de un pormenorizado escrito de 12 páginas la fiscal desmonta las acusaciones planteadas en su día por el PSOE, IU, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Cádiz y las quejas de la Asociación de Derechos Humanos ante el Defensor del Pueblo: no hubo presión alguna de las ediles ante las trabajadoras sociales a la hora de elaborar las listas de beneficiarios de estas viviendas y las personas que obtuvieron un piso en Cortadura lo lograron por su más que delicada situación social.

Por contra, en el documento se producen algunas críticas ante el resultado de lo realizado por determinadas trabajadoras sociales a la vez que deja en evidencia, como ya lo hizo la magistrada, el papel de Pilar Tubío, ex coordinadora de Servicios Sociales y de todo el equipo de trabajo social que, en su momento, afirmó haber recibido quejas de presiones políticas recibidas por parte de sus compañeras, algo que éstas después negaron en sus declaraciones en sede judicial.

El documento al que ha tenido acceso este diario resume las declaraciones realizadas por un elevado número de testigos, fundamentalmente las trabajadoras sociales encargadas de elaborar la lista de beneficiarios de estos pisos, así como técnicos municipales. Al igual, incluye una información detalladas sobre quienes obtuvieron una vivienda en esta promoción y fueron objeto de esta polémica.

De todo lo visto y oído, el informe de la fiscal apoya el sobreseimiento del caso frente a la postura inicial de este ministerio que en su momento llegó a afirmar que existían indicios de prevaricación por parte de las concejalas del PP, que en su momento estaban al frente de diversas concejalías del gobierno de Teófila Martínez.

Ahora, la fiscal deja claro que "ninguno de los trabajadores sociales ha manifestado que hubiera recibido una orden para que una persona en concreto fuera adjudicataria de una vivienda, sino que recibieron órdenes para que realizaran revisiones de informes, sin que en ningún momento se les requiera para que llegaran a una conclusión determinada al respecto".

"Todos los testigo -continúa la fiscal- han puesto de relieve que en ningún caso se les instó para que la nueva valoración o revisión se realizara de una forma concreta o conforme a otros criterios distintos de los que habían tenido en cuenta para realizar el primero; sino que, en todo caso, se debían realizar de acuerdo con los criterios técnicos existentes".

Sí se llegan a producir modificaciones de criterio en algunos casos debidos a circunstancias como "la modificación de las circunstancias familiares de los posibles adjudicatarios o la realización de nuevas entrevistas que previamente no se habían podido realizar". Algunas trabajadoras sociales llegaron a declarar que entendían justificada esta revisión de las valoraciones, constando que no firmaron "ningún informe que no creyera que era adecuado".

La fiscal resalta la declaración de Tubío utilizando para ello el adverbio 'incluso', que indica sorpresa: "Incluso ella manifestó que en ningún momento recibió una orden para modificar el sentido de algún informe".

Con estas declaraciones la fiscal asume que no hubo presiones políticas "Y ello, pese a que algunas testigos, concretamente Susana y Eva Tubío (actual concejal del gobierno de Podemos-Ganemos) hayan manifestado que algunos de los trabajadores sociales habían cambiado las valoraciones realizadas a petición de los concejales, sin que estos extremos hayan sido ratificados poro los mismos".

En el informe de la fiscal se resalta de forma especial el caso de una peticionaria en situación de exclusión social severa, mostrando sus sorpresa porque "por ello, no se entienda que la trabajadora social manifieste que había personas con más derechos a ser adjudicataria de vivienda. Igualmente resulta incomprensible que cuando se le dice si saben de algún usuario que pueda ser adjudicatario no proponga a quien, según ella, propusieron en un principio".

En algún caso determinados la propia coordinadora de las trabajadoras elaboró un informe favorable para una persona ya rechazada por sus propias compañeras aduciendo que se consideraba necesario adjudicarla la vivienda "sin que por tanto se advirtiera intervención política en dicha propuesta y posterior adjudicación". La propia Procasa "intervino en uno de los casos al saber cuáles eran las circunstancias en las que se encontraba".

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